El abogado del gobernador anunció una acción penal contra el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias. Ve una estrategia política orientada a “perpetuar” la reclusión“preventiva” en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro.
EL DEBER
El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, comparecerá mañana ante un juzgado anticorrupción de La Paz por la compra de un carro bombero. A pedido de la Fiscalía, en la audiencia se analizará una nueva detención preventiva en su contra, esta vez por el lapso de seis meses en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, donde está recluido desde el 30 de diciembre de 2022, en el marco del caso bautizado como ‘Golpe I’ que tiene que ver con cargos de terrorismo.
Esta sanción preventiva de cuatro meses, aplicada contra Camacho, debería terminar el próximo 30 de abril con una acusación formal emitida por el Ministerio Público, pero hasta el momento no se mostraron avances, según la defensa del gobernador, lo que puede derivar en su liberación. No obstante, ya existe otra acusación por “allanamiento” al Palacio Quemado que se dio en el contexto de la crisis política de 2019, pero aún no existe imputación ni fecha de una audiencia.
Martín Camacho, el abogado del gobernador, informó que la audiencia del carro bombero se realizará a las 8:30 de este jueves a través de mecanismos virtuales y con una conexión al penal paceño de Chonchocoro. Esta vista judicial tenía que haberse realizado ayer, pero se pospuso porque coincidió con el tratamiento médico que la autoridad cruceña debe recibir cada 21 días.
“Se postergó porque el gobernador estaba recibiendo su tratamiento, al final se pudo colocar el suero. El juez consideró este aspecto, además, porque estas 24 horas son cruciales para su salud”, explicó Martín Camacho, quien precisó que también hay incidentes legales en curso. Anunció una acción penal contra el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, por estas vulneraciones.
En un comunicado, la Dirección General de Régimen Penitenciario indicó que se autorizó que una enfermera ingrese al penal para supervisar el suministro del suero, un proceso que demanda 24 horas. “El señor Fernando Camacho mencionó de manera verbal, a las autoridades del penal, que podría asistir a su audiencia de medidas cautelares sin problema alguno, ya que el suero no perjudica su movilidad”, se lee en el comunicado de descargo de la entidad.
En la notificación, el juez Primo Flores recordó “la responsabilidad” del Régimen Penitenciario de que Camacho llegue a “la sala de audiencia”, bajo el riesgo de sanciones de orden legal.
La autoridad cruceña padece de una enfermedad denominada síndrome Churg-Strauss que le resta la capacidad de generar defensas y, es por eso, que recibe inmunoglobulinas cada 21 días.
Su abogado recordó que ese proceso es delicado y que debe ser supervisado por personal especializado. El suministro de este componente concluirá hoy y mañana verá al juez de forma virtual.
“El fiscal Alberto Zeballos está pidiendo 180 días de detención en Chonchocoro y creemos que con esto se está buscando perpetuar la detención preventiva. El caso ‘carro bombero’ tiene su jurisdicción en Santa Cruz”, explicó el jurista.
Además, la defensa presentó la semana pasada una recusación contra del juez Primo Flores, que está a cargo del caso, “por enemistad manifiesta” que la autoridad jurisdiccional pudo demostrar por haber expuesto opiniones contra la autoridad y en favor de su encarcelamiento.
Camacho es investigado por incumplimiento de deberes, malversación, uso indebido de influencias, daño económico al Estado, delitos que pudo cometer con la compra de un vehículo bombero a una empresa que no tenía documentos en orden.
“La Fiscalía no pudo demostrar que hubo daño económico al Estado porque los recursos de un adelanto se devolvieron a cuentas fiscales”, señaló Camacho, quien recordó que el gobernador ya se presentó a declarar por este caso en agosto de 2022.
La denuncia por caso carro bombero fue planteada por el diputado Rolando Cuéllar (MAS), quien solicitó a los fiscales la prisión preventiva y al juez “la pena máxima”. Alejandro Soljanic, exdirector de Seguridad Ciudadana, ya está en penal de Palmasola por este proceso.
Además de este caso, el gobernador Camacho fue imputado por el caso ‘decretazo’ y la Fiscalía también pidió 180 días de prisión, pero en el penal de Palmasola, en Santa Cruz. La autoridad cruceña declaró, asimismo, por el paro de los 36 días, pero aún no hay un requerimiento fiscal.
El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rolando Cuéllar ratificó su posición de pedir en audiencia la detención preventiva por 180 días para Luis Fernando Camacho por el caso carro bombero. “Nuestra postura va a ser pedir la detención preventiva para que siga detenido en la cárcel de La Paz, en Chonchocoro, por daño económico al Estado, por malversación de fondos, que son los delitos por los que lo hemos demandado”, dijo Cuéllar.
El mayor cargo que tiene Camacho tiene que ver con la movilización ciudadana que se dio en entre octubre y noviembre de 2019. El Gobierno lo acusa de haber pactado con militares y policías para pedir la renuncia de Evo Morales a la Presidencia.
A propósito de este escenario, el presidente Luis Arce demandó ayer unidad de los militares, “hoy más que nunca”. Lo hizo en el acto de homenaje por el aniversario de la reapertura del Colegio Militar del Ejército, Gualberto Villarroel que sucedió tras la revolución de 1952.
“Es importante inculcar un celoso sentido de integridad territorial del Estado y nuestros cadetes deben caracterizarse por tener un fuerte compromiso con las clases populares”, sostuvo Arce y señaló que la crisis de 2019 interrumpió un importante avance en la evolución institucional de las Fuerzas Armadas. Eso sí, una vez más consideró que ese año hubo un golpe de Estado, un relato que es rechazado por una parte del país.
“A diferencia de otro tipo de golpes de Estado contra gobiernos progresistas, los casos de Honduras y Bolivia muestran una activa participación de las Fuerzas Armadas y eso es algo que ya no puede repetirse”, dijo.
En ese sentido, consideró que las Fuerzas Armadas y sus institutos de formación deben guiarse no por la influencia de doctrinas extranjeras, sino por una política de seguridad y de defensa formulada a partir de las condiciones e intereses del país, “y cuyos soldados se formen no solo para invadir países o arrebatar recursos naturales, sino para proteger a las clases populares y apoyar el despegue de la industrialización con sustitución de importaciones”.
“Los llamo a seguir el ejemplo de nuestros héroes fundadores, de nuestros militares patriotas, para que cada cadete de este Colegio Militar sea una promesa para el futuro del país”, indicó.
También invocó a los cadetes “a mirarse siempre en el espejo de los pueblos”, que forman parte de toda la diversidad del Estado Plurinacional de Bolivia.
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