LOS TIEMPOS
La aplicación de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo establece un fuerte imperio de la ley, un sistema judicial competente, independiente y eficiente, aspectos que no se cumplen en el país y que se constituyen en un riesgo contra la ciudadanía, sostienen analistas.
El proyecto de ley (PL) 280 (Ley contra la legitimación de ganancias ilícitas) contempla modificaciones al Código Penal, Código de Procedimiento Penal y la Ley 483 del Notariado, y establece “decomiso de recursos y bienes, terrorismo, financiamiento de terrorismo, legitimación de ganancias ilícitas, recuperación de bienes en el extranjero, agente encubierto, entrega vigilada”.
El Ejecutivo indica que con estas modificaciones se dará cumplimiento a las recomendaciones 3, 4, 5, 28, 31 y 38 de las 40 establecidas por el GAFI.
Para el abogado constitucionalista Carlos Alberto Goitia Caballero, “la normativa que tenemos es compleja pero altamente ineficiente, no por la propia norma, sino por los operadores del sistema de justicia, es decir, existe un problema de transparencia y eficacia en la administración de justicia que repercute en el tema de legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento al terrorismo”.
Justicia
Ramiro Orías Arredondo, oficial de Programas en la Fundación para el Debido proceso (DPLF), sostiene que las recomendaciones del GAFI establecen que, para que exista un sistema efectivo de lucha contra la legitimación de capitales, se requiere de manera indispensable de ciertos elementos estructurales: “instituciones estables y con responsabilidad, integridad y transparencia; un fuerte imperio de la ley, y un sistema judicial competente, independiente y eficiente”.
Persecución
En ese sentido, Goitia Caballero incide que lo que actualmente el Gobierno plantea a través del PL 280 para luchar contra el lavado de dinero, es un instrumento de persecución selectivo, con una justicia que está sometida al poder.
“El funcionamiento del sistema judicial es altamente corrupto, es poco transparente y además es selectivo, tres elementos que están ahí, a los que se suma la falta de independencia, por lo que no funciona, no permite alcanzar el objetivo”, cuestionó Goitia.
“Cuando uno escucha a los gremiales, transporte pesado y otros, se les da la razón, porque con la lectura de los delitos que se están planteando muestra que termina siendo selectivo, no es confiable y más aún cuando Bolivia tiene el peor sistema de justicia, compitiendo con Haití, Venezuela y ahora Nicaragua”, sostuvo Goitia.
¿Qué es el GAFI?
El GAFI es una instancia internacional de carácter intergubernamental que ha desarrollado e impulsa la implementación de los estándares y recomendaciones para prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo, el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales y medidas legales.
Creemos denuncia uso de norma para perseguir
La bancada de Creemos denunció ante el Grupo de Acción Financiera (GAFI) y ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) que el Gobierno del Movimiento Al Socialismo(MAS) busca una “continua implementación de estrategias de hostigamiento, control y persecución por parte del Gobierno boliviano con el objetivo de eliminar a la oposición política y civil”.
“El Gobierno del MAS, desde gestiones pasadas, ha pretendido en diferentes oportunidades aprobar leyes que van en contra de los principios, derechos y garantías constitucionales, bajo preceptos legales que no buscan la lucha contra el terrorismo, sino que pretenden restringir derechos fundamentales como ser el derecho a la protesta y crear la impunidad judicial, más aún cuando Bolivia desde hace mucho tiempo atraviesa una crisis judicial, siendo que el Órgano Judicial no cuenta con la transparencia y la independencia”, señala una parte de la carta enviada a la institución.
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