LOS TIEMPOS
Un nuevo frente se abre contra la iniciativa de los Juristas Independientes que busca reformar la justicia. Organizaciones afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) calificaron de “golpe judicial” la recolección de firmas para habilitar un referendo nacional. Desde el Ejecutivo, la Asamblea Legislativa e incluso el Supremo Electoral desestimaron aplicar nuevas reglas en las elecciones judiciales de este año.
El dirigente del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), Jorge Ramiro Cucho, afirmó que este proceso es promovido por grupos separatistas de la oligarquía cruceña y que atenta contra la nación indígena.
“Lo que quieren es dar un golpe de Estado judicial, por eso, como pueblos indígenas originarios nos pronunciamos. Vemos las cuatro preguntas que han planteado para un referendo y las rechazamos enfáticamente”, sostuvo Cucho.
De acuerdo con el dirigente del Conamaq, pese a que una de las preguntas hace referencia a la justicia originaria, la reforma judicial que se plantea se constituirá en un retroceso de “20 años luz” al dejar a un “grupillo de jerarcas” las elecciones de altas autoridades del Órgano Judicial.
“En razón de constituirse en un atentado a los derechos de los pueblos indígenas originarios, elegir libremente y por el voto popular a nuestras autoridades, por eso, como Conamaq Bolivia estamos rechazando rotundamente a las preguntas de ese grupo de juristas”, señaló.
Respaldo
El diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, señaló que esa tienda política apoya el trabajo de los Juristas Independientes, que busca que Bolivia salga de la crítica situación en que se encuentra la justicia boliviana, utilizada por el poder para perseguir a la oposición.
“Estamos respaldando la iniciativa ciudadana de los juristas que están promoviendo el referendo para un cambio a la Constitución, pero a la vez vamos a tener un escenario paralelo, que no es incompatible, de la urgencia para resolver la designación de las altas autoridades este año”, indicó y aclaró que el MAS querrá reproducir el proceso de 2011 y 2017.
Agregó que, por eso, pretenden deslegitimar y descalificar a los Juristas Independientes.
El Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, la Asamblea Legislativa y el Órgano Electoral, afirmó que, de concretarse el referendo y la modificación de la Constitución, las nuevas reglas se aplicarían en los comicios judiciales de 2029.
Pese a esto, los Juristas Independientes continúan con la recolección y sostuvieron que las nuevas reglas se pueden aplicar para elegir a las autoridades judiciales este año.
El MAS prevé que, entre marzo y abril, se aprobará el reglamento y la convocatoria para la preselección de postulantes a magistrados y magistradas al Órgano Judicial.
Al Gobierno no le conviene
José Antonio Rivera, miembro de los Juristas Independientes, indicó que era de esperar este tipo de situaciones, porque esta reforma afectará a los intereses del Gobierno.“Era de esperar porque una transformación estructural de la justicia indudablemente que va a afectar al Gobierno que hoy por hoy tiene como mecanismo de represión a la libertad de expresión, represión a los líderes ciudadanos, cívicos a quienes instauran acciones penales, persecución penal con fines políticos, tal cual señala el GIEI”.
Resistencia a cambiar el actual sistema de justicia
El Gobierno pretende mantener el sistema de la justicia y no promoverá la reforma judicial porque va contra sus intereses, señaló el abogado constitucionalista José Luis Santistevan.
Pese a observaciones y pedidos de organismos internacionales de la necesidad de reformar la justicia, el partido gobernante elude esta responsabilidad. El jurista dijo que el Gobierno tiene terror a la reforma judicial.
“Porque con el estado actual de la justicia genera impunidad, controla la corrupción, los hechos ilícitos, el narcotráfico, el contrabando y los abusos del poder”, indicó. Agregó que la justicia es un instrumento para perpetuarse en el poder: controla el Órgano Electoral, el padrón y la soberanía del pueblo, por lo que le resta validez a las iniciativas ciudadanas.
Además, porque utiliza la justicia para controlar a los que piensan distinto, a la oposición. “Con la interpretación y fallos judiciales destruye la independencia de poder y la institucionalidad de las instituciones del Estado y con el estado actual de la justicia sustenta su accionar al margen de la Constitución”, dijo.
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