Dos vistas legales en favor de la autoridad cruceña se cancelaron ayer. Por su lado, campesinos afines al oficialismo establecieron una vigilia en Chonchocoro. Hay nuevos indicadores que cuestionan la independencia judicial en Bolivia.
EL DEBER
La propuesta de llevar adelante un “cabildo nacional” para promover una reforma judicial generó ayer adhesiones en las regiones, mientras desde el MAS hubo cuestionamientos. Así, el partido azul elevó la presión para reemplazar a Luis Fernando Camacho en la Gobernación de Santa Cruz.
En medio del debate sobre el cambio de gobernador, la justicia postergó el tratamiento de dos recursos planteados por la defensa de Camacho, que está recluido desde el 30 de diciembre en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro.
Por una parte, el también líder de Creemos, una de las dos alianzas de oposición con representación Legislativa, enfrenta cargos de “terrorismo” relacionados con lo que el Gobierno y los operadores de justicia llaman el caso “golpe de Estado I” que investiga supuestas vulneraciones contra la investidura de Evo Morales durante la crisis política de 2019.
Además, Camacho fue demandado por Marcelo Mayta, dirigente de la Central Obrera Regional de El Alto, una entidad alineada al MAS, por “alzamiento armado y terrorismo”, entre otros cargos, debido el paro de los 36 días que se realizó en Santa Cruz para exigir el censo y la aplicación oportuna de todos sus resultados antes de las elecciones de 2025.
Camacho, a través de sus abogados, solicitó su “libertad pura y simple”. En contrapartida, el Gobierno pidió que su detención preventiva, fijada en cuatro meses, sea ampliada a seis. A la denuncia, planteada por la exdiputada Lidia Patty (MAS), se sumó el Ministerio de Gobierno y otras entidades del Estado.
Este recurso legal llegó hasta la vocal Rosmery Pabón, de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. La autoridad instaló la audiencia, pero optó por cancelarla porque la Procuraduría General del Estado, que ayer se adscribió al bando acusador, no acreditó correctamente a su representante para este proceso.
La defensa, a través del jurista Juan Carlos Camacho, objetó la decisión porque la observación de la vocal no afectaba el tratamiento de recurso de libertad. Aun así, Pabón se ratificó y remitió obrados al juzgado de origen para que resuelva las observaciones.
Además, cerca del mediodía, el juzgado Primero de Instrucción Anticorrupción de La Paz postergó, hasta el 19 de enero, la audiencia en la que debía haberse considerado la solicitud de llevar a Santa Cruz el caso del paro de los 36 días.
En la acusación, la COR también sindicó al presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, quien ya enfrenta otros procesos legales; al rector y vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar y Reinerio Vargas; además de asesor legal del Comité Interinstitucional del Censo, José Luis Santistevan.
La querella data del 11 de noviembre y, hasta el momento, la Fiscalía no solicitó la declaración de los denunciados ni remitió al juzgado los datos de los encausados. Esa fue la causa de la postergación.
“Este proceso debe remitirse a Santa Cruz, donde ocurrieron los supuestos hechos denunciados. Que el caso esté en La Paz genera incompetencia territorial”, explicó el abogado Juan Carlos Camacho.
El 10 de noviembre, Mayta planteó una primera denuncia contra los líderes cruceños por “resoluciones contrarias a la Constitución, atentando contra el Presidente y otros dignatarios, violencia política contra las mujeres, racismo y discriminación, además de atentado contra la libertad de trabajo”, delitos que se pudieron cometer en el contexto del paro que reclamó por el censo.
Un día después, el 11 de noviembre, la querella fue ampliada a los tipos penales de “terrorismo y alzamiento armado”. La acción, incluida en una extensa fundamentación legal, se planteó en La Paz, mientras en Santa Cruz tenían lugar varios disturbios que comenzaron con una marcha de gremialistas alineados al MAS.
La denuncia, admitida con el expediente CUD 201102012208950, acusa a los líderes de “tomar instituciones”, como la sede de la Federación de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz. También califica de “pacífica” la protesta que tuvo lugar el 1 de noviembre en la doble vía a La Guardia. Ese día, un periodista de la red Unitel fue agredido por un grupo de ciudadanos que mantenía el llamado “cerco a Santa Cruz” como respuesta contra el paro.
“Hemos visto en el pasado cómo el delito de terrorismo ha sido utilizado por gobiernos de derecha e izquierda en Bolivia como un instrumento para perseguir a los opositores”, dijo César Muñoz, director asociado para las Américas de Human Rights Watch, con sede en Washington. El organismo presentará hoy su informe anual en el que se incluirá un apartado especial sobre el país.
En ese contexto, el índice del Estado de derecho de 2022 de la organización no gubernamental World Justice Project clasificó a Bolivia en el puesto 130 entre 140 países. En el capítulo de “corrupción judicial”, puso al país en el peldaño 135 (131 en 2021) y en el puesto 139 (138 en 2021) en “justicia penal”, solo por delante de Venezuela, el último de la tabla.
El martes, Calvo reveló que trabaja en la convocatoria a “un cabildo nacional” y, en ese contexto, comprometió su apoyo en favor de una reforma judicial que se promueve, el grupo de juristas independientes que recolecta firmas para promover un ajuste en la Constitución Política del Estado.
Rubén Radio Cuéllar es uno de estos letrados. Ayer explicó que se trata de una reforma de “14 artículos de la Carta Magna” y la “incorporación de otros dos” que modificarán los criterios de la selección de jueces y magistrados por la vía de los méritos profesionales y no de criterios políticos.
El ministro de Justicia, Iván Lima, defendió los actuados de la Justicia en la aprehensión y detención de Camacho. Aseguró que el tema no se resolverá en las calles, sino en los tribunales. Esto en alusión a las protestas que tienen lugar en Santa Cruz. Pero, organizaciones afines al MAS, que se identifican como “ponchos rojos”, mantienen vigilias en Chonchocoro. Además, la ruta de acceso al penal está obstruida por zanjas.
Desde Comunidad Ciudadana, el diputado Carlos Alarcón anunció que se harán los esfuerzos necesarios para llevar adelante un cabildo nacional por la justicia.
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