LOS TIEMPOS
Hora de la evaluación. La exministra de Relaciones Exteriores Karen Longaric examina los aspectos medulares del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el Silala.
La también experta en Derecho Internacional hace notar que el Gobierno del expresidente Evo Morales no actuó con transparencia en este asunto de Estado, que usó el litigio con fines políticos internos —como en el caso de la demanda marítima ante la CIJ— y que prolongó innecesariamente el proceso con una contrademanda, una vez que se admitió, en la contramemoria, que el Silala era un curso de agua internacional. Afirma, en consecuencia, que Morales y sus colaboradores tienen responsabilidad política por el resultado de este proceso.
—¿Cuál es el escenario tras el fallo de la CIJ?
—La Corte ha señalado el marco jurídico que debe regular las futuras relaciones de Bolivia y Chile con respecto del uso del agua del Silala; relación que debe sustentarse en el principio fundamental de uso equitativo y razonable de las aguas compartidas, conforme lo determina el derecho internacional consuetudinario.
La Corte ha reiterado que este principio implica derechos y obligaciones que los Estados ribereños deben cumplir recíprocamente; en consecuencia, ninguno de ellos podrá invocar mejor derecho o derecho preferente, ni privilegios de ninguna naturaleza.
Bolivia y Chile están obligados a mantener una relación cooperativa y constructiva con respecto del uso de este recurso hídrico, tal como lo hacen otros países que son ribereños de cursos de agua compartida.
Seguramente en tiempo breve empezará el diálogo bilateral entre Bolivia y Chile que permita organizar una agenda que oriente los mecanismos más eficientes, como ser la conformación de una comisión mixta, la creación de comités técnicos y de otros instrumentos necesarios para este propósito.
—¿A qué se debe que Bolivia aceptara que el Silala es un curso de agua internacional?
—Evidentemente, Bolivia, en su contramemoria (3 de septiembre de 2018), se allanó a la tesis chilena admitiendo que el Silala es un curso de agua internacional; lo hizo en virtud de la argumentación y fundamentación jurídica de Chile, del informe técnico presentado por Chile y del propio informe pericial elaborado por el equipo técnico contratado por Bolivia.
—Si Bolivia ya había admitido que el Silala es un curso de agua internacional, ¿qué sentido tenía ir a un contencioso en la CIJ? ¿No era mejor negociar?
—No olvidemos que fue Chile quien presentó la demanda contra Bolivia después de que el expresidente Morales anunciara su intención de demandar a Chile por el uso del agua del Silala. Ante este anuncio, Chile se apresuró e hizo efectiva la demanda contra Bolivia, acompañando las pruebas científicas y la argumentación jurídica correspondiente. Bolivia, en su respuesta (contramemoria), se allanó a la tesis chilena, pues al parecer no había otra alternativa.
Lo incomprensible es por qué Bolivia decidió prolongar este proceso judicial presentando una contrademanda contra Chile, en la que pidió que le sean reconocidos sus derechos soberanos sobre los canales artificiales y sobre los mecanismos de drenaje ubicados en territorio boliviano, invocando el derecho a decidir sobre la mantención de dichos canales; cuestiones demasiado obvias que no ameritaban una contrademanda, con la consecuente prolongación del proceso por cuatro años más y todo lo que eso implicó.
Por todo esto, creo que existe responsabilidad política del expresidente Morales y de sus colaboradores en este tema.
En primer lugar, nunca debió haber planteado la posibilidad de demandar a Chile sin antes tener una estrategia jurídica y pruebas técnicas que respalden la posición boliviana.
En segundo lugar, toda vez que Bolivia decidió allanarse a la tesis chilena, el Gobierno de Morales debía haber considerado seriamente entablar el diálogo directo con Chile.
Finalmente, el Gobierno de Morales actuó de manera poco transparente y usó el tema del Silala con fines políticos internos, como ya lo había hecho con la demanda marítima.
—Chile afirma que ofreció una salida extrajudicial en 2019, ¿no era más conveniente ir por esta vía?
—La fase escrita del proceso en su totalidad, desde el inicio hasta el cierre, se sustanció durante el gobierno del expresidente Morales y la fase oral, inclusive su preparación y desarrollo, se realizó durante el gobierno de Luis Arce. Habría que preguntarles a ellos por qué decidieron prolongar el proceso innecesariamente, si el resultado de éste ya era previsible, a partir de la presentación de la contramemoria en 2018.
Durante mi gestión, la Corte entró en receso debido a la pandemia y no se realizó ninguna actividad procesal. Por otra parte, el Canciller de Chile y la Cancillería chilena no dieron ninguna señal de acercamiento en este tema, seguramente por el hecho de que éramos un gobierno de transición. Asimismo, el carácter transitorio del gobierno me inhibía de realizar negociaciones que deben tener un amplio consenso en la sociedad boliviana.
—¿Qué efecto tiene reconocer que el Silala es un curso de agua internacional sobre las demandas potosinas de resarcimiento y pago?
—Durante mi gestión, yo sostuve dos reuniones con el directorio del Comité Cívico de Potosí. Lo hice con el ánimo de transparentar el proceso, involucrar a las instituciones potosinas en el tema y para que se mantengan informados del desarrollo del proceso judicial en La Haya.
Sin embargo, esto se truncó porque inmediatamente sobrevino la pandemia y todas las actividades relacionadas al proceso judicial sobre el Silala se paralizaron.
Reitero: el Gobierno de Morales no fue honesto con el pueblo boliviano al no ser transparente en un tema de interés nacional. Razón por la cual, en febrero de 2020, nosotros vimos la necesidad de informar al país que el Gobierno de Morales se había allanado a la tesis de Chile, cuestión que desde septiembre de 2018 ya era de conocimiento de Chile.
—¿Qué tan viable es que Chile acepte pagar por el flujo artificial o mejorado del Silala?
—Con respecto a la solicitud de Bolivia sobre una compensación que Chile debía realizar por el uso del caudal mejorado, la Corte rechazó este petitorio señalando que no podía manifestar opinión sobre cuestiones hipotéticas. Esto significa que en la actualidad no existe una norma jurídica internacional que regule este aspecto.
CIJ declaró que es un río internacional
El pasado jueves, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya emitió su fallo estableciendo que las demandas de Chile quedaron sin efecto porque Bolivia aceptó que las aguas del Silala son parte de un cauce internacional, por ello, ahora ambos países tienen derecho a su uso de forma equitativa y razonable.
La presidenta del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Roxana Graz, ratificó que la institución que lidera iniciará un juicio de responsabilidades por presunta “traición a la patria” contra el expresidente Evo Morales y sus colaboradores, luego de este revés en La Haya.
Dos negociaciones fueron frenadas
Bolivia tuvo dos oportunidades claras de evitar el fracaso e incluso de beneficiarse con el tema del conflicto transfronterizo que tiene con Chile por las aguas del Silala; sin embargo, rechazó ambas.
La primera fue en 2009, cuando el país vecino ofreció pagar por el uso de los manantiales, y la segunda, en 2019, cuando la diplomacia chilena propuso negociar una salida extrajudicial y desestimar el litigio que ya se desarrollaba en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.
Según expertos, la decisión de rechazar estas salidas fue por cálculo político del Gobierno de Evo Morales.
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