Hasta la gestión 2020, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Tarija ocupaba el sexto lugar a nivel nacional en volumen de madera extraída con 4.861 metros cúbicos en rola (en trozos), esto bajo autorización del Gobierno. A la fecha continúa este tipo de actividad, aunque no hay registros actualizados, sin embargo, tanto desde la Federación de Campesinos y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), reconocen la existencia actividades por explotación ilegal de madera, afectando principalmente a los municipios de Entre Ríos, Padcaya, Bermejo y parte de la provincia Cercado.
Según información de la ABT, a nivel nacional se tienen distintos tipos de autorizaciones, de acuerdo a requisitos que vayan cumpliendo los interesados. En el caso de Tarija existen áreas de planificación, de las cuales se subdividen en planes de ordenamiento predial que se habilitan para el tema de desmontes y principalmente las autorizaciones son emitidas para la Región Autónoma del Chaco; y los planes de manejo forestal, donde se realiza el aprovechamiento en distintas épocas de acuerdo al ciclo de corta, que se dan en los municipios de Entre Ríos y Yacuiba.
Por otro lado, en Tarija también se implementan los planes de manejo integral en el municipio de Caraparí, donde se efectúan tareas de aprovechamiento sustentable y sostenible de manera integral, ya que no solo se enfoca al manejo integral, sino que también se aprovecha estas zonas agrícolas, ganaderas, de acuerdo a los requerimientos de la comunidad campesina.
El director de la ABT en Tarija, Miguel Díaz, manifestó que las zonas de manejo forestal que se tienen en el departamento, se ubican en el municipio de Entre Ríos en distintas comunidades, como Palmar, Chiquiacá, Salinas, donde se les otorga a las comunidades o predios privados.
Las zonas de riesgo
Díaz manifestó que la ABT ha identificado zonas críticas, donde se realizan operativos dos veces por semana para efectuar los controles respectivos, tanto para evidenciar tareas de almacenamiento ilegal, que es cuando se realiza el corte de producto forestal y se encuentra en bosque; como también tareas referidas al transporte de producto forestal, que es cuando se comisa el producto en vehículos.
“Las zonas críticas que tenemos en Tarija, se ubican en los municipios de Entre Ríos, Bermejo, Padcaya, que se explota en la reserva de Tariquía, en comunidades como Salado, Sidras, Emborozú, entre otras zonas colindantes. Aquí en Cercado, tenemos registrado en Alto Potreros, que son varias comunidades”, indicó.
La autoridad mencionó que las zonas en las que se realizan los operativos de control, son lugares que no tienen autorización de manejo forestal.
Taladores organizados
Díaz reconoció que el reducido número de personal con el que cuenta la ABT, dificulta efectuar las actividades de control, más cuando quienes se dedican a este tipo de ilícitos, ya emplean un trabajo logístico al momento de cometer sus actos irregulares.
“Esto es como el contrabando, tienen un movimiento logístico impresionante, nos vigilan en nuestros domicilios, en la oficina, entonces es un poco complicado. Nosotros tenemos que idear otro tipo de logística para poder llegar y hacer las intervenciones correspondientes”, mencionó.
A su turno, el dirigente de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija, Elvio Díaz, señaló que al momento no han recibido ninguna denuncia por este tipo de afectación a alguna comunidad campesina. Sin embargo, reconoció la existencia de algunos casos aislados por la tala indiscriminada de la madera.
“Sabemos que existe la explotación de la madera de forma indiscriminada en varias comunidades, pero a la Federación no nos ha llegado ninguna denuncia. Pero cuando las comunidades campesinas nos hacen conocer de este tema, nosotros hacemos las representaciones para que los autores sean sancionados como corresponde”, dijo.
El dirigente campesino mencionó que tiempo atrás solían coordinar actividades con la ABT, sin embargo, refirió que ahora no existe este trabajo de control de la explotación ilegal de madera.
“Si hay tala de árboles, obviamente esto significa que no está habiendo un control por la entidad competente”, indicó.
Díaz al ser consultado si comunarios campesinos se dedican a la explotación de madera, mencionó que, de este sector, la mayoría se dedica a tareas agrícolas y ganaderas. Refirió que si hubiera personas que se dedican a esta actividad, es un mínimo porcentaje.
La tala indiscriminada en Alto Potreros
A mediados del mes de agosto se hacía pública la denuncia sobre la tala indiscriminada de árboles en la comunidad de Alto Potreros, perteneciente a la provincia Cercado. Posterior a ello una comitiva de la Alcaldía y el Concejo Municipal de Tarija visitaba la zona para constatar el daño ambiental que se estaba causando, sin embargo, la mirada se fijaba en la ABT por su inacción frente a este hecho.
Al respecto, el director de la ABT, Miguel Díaz, explicó que desde la gestión 2019 ya se ha tomado conocimiento de esta situación y que incluso en reiteradas ocasiones se han hecho operativos de control en esa zona.
“Decir que estamos haciendo caso omiso a esas denuncias, no corresponde, nosotros podemos corroborar el trabajo con los informes técnicos que tenemos. Ahora lo que pasa que ese día no hemos podido asistir, es porque ya teníamos agendada la atención de otras denuncias que se han presentado”, explicó.
Díaz señaló que como institución también están limitados a poder realizar las tareas de control, esto debido a que la tala de árboles se registra en predios privados, pertenecientes a la Asociación Ganadera Agrícola del Valle Central de Tarija (Agavat).
Respecto a este tema, la concejal municipal de Tarija, Marcela Guerrero, señaló que para el martes de la presente semana prevén realizar una audiencia pública, donde estarán presentes dirigentes de la Subcentral de San Agustín y Agavat, para lo cual han vuelto a cursar una invitación a la ABT, para que puedan brindar un informe en el pleno del Concejo Municipal de las acciones que está realizando en la zona afectada.
Guerreo mencionó que, entre las tareas asumidas, es encomendar a las entidades competentes, la realización de un plan de manejo con una visión turística, para de esta manera proteger la zona.
FUENTE : EL PAIS
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