El nuevo sistema informático costará aproximadamente Bs 40 millones. Estará vinculado al Banco Unión para que los recursos vayan a las arcas del Estado.
EL DEBER
El Ministerio de Justicia, en coordinación con el Consejo de la Magistratura, acordó aplicar un sistema informático para transparentar los trámites de venta de propiedades y que los pagos se hagan a través del Banco Unión. El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, niega que se incurra en injerencia de poderes o que se vulnere la Constitución.
¿Cómo se vincula la reforma judicial a la reestructuración de Derechos Reales?
La justicia no solo se limita al ámbito ordinario. Sino la justicia abarca otros espacios en la vía administrativa. Hay gente que sufre bastante para registrar una propiedad en Derechos Reales, debido a que se ha convertido en un espacio donde reina la corrupción.
El tráfico de tierras está en el cuarto lugar dentro de ganancias ilícitas después del narcotráfico y otros delitos porque es el que más genera recursos económicos. Tenemos que reformar la justicia, no solo cambiando jueces, sino estas otras autoridades administrativas.
¿Qué acciones se trabajan?
No solo se debe resolver el tema de recursos humanos o construir mejores oficinas o dotarles mejores computadoras. Sino, implementar un sistema informático que evite este tipo de distorsiones y mal manejo de la administración de la cosa pública.
Hay mucha gente que quiere trabajar en Derechos Reales y no le importa el sueldo porque saben que ganarán de 300 a 400 bolivianos por las coimas.
¿En qué consiste el cambio de sistema?
Lo que se pretende es incorporar el servicio de Derechos Reales al sistema de interoperabilidad, que la gente deje de ir a pagar en efectivo a las oficinas de Derechos Reales, sino que pague al Banco Unión.
Y que el pago de esa transferencia le permita tener un baucher y con eso pueda imprimir el certificado o inscripción que uno quiera. Tenemos que entrar a la era tecnológica para evitar a los corruptos.
¿Qué instancia administrará los recursos?
Actualmente el Consejo de la Magistratura administra Derechos Reales. Si se paga al Banco Unión ese dinero ya no irá a parar a los bolsillos de los que hoy administran Derechos Reales, sino a las cuentas del Tesoro General de la Nación.
De estas cuentas fiscales se distribuirá los recursos que recauda Derechos Reales para pagar salarios y gastos de mantenimiento.
¿Cuánto se recauda?
Se calcula que aproximadamente genera Bs 600 millones al año, de los cuales el 60% estaría destinado a pagar salarios de jueces, fiscales y de un plantel administrativo totalmente burocrático.
Por ejemplo, la Dirección Administrativa Financiera del Tribunal Supremo de Justicia tendría como 500 funcionarios que no son necesarios. Es mejor tener 500 jueces a 500 administrativos que no hacen absolutamente nada. Al pagar en el Banco Unión los recursos serían transparentes, serían fiscalizados y se distribuirían de acuerdo con las necesidades que tiene el Órgano Judicial.
¿No se convierte en un acto de injerencia?
La tuición de Derechos Reales es indistinto, puede seguir bajo la tuición del Órgano Judicial, del Consejo de la Magistratura o puede pasar, como establece la Ley 025 y la propia Constitución Política del Estado bajo tuición del nivel central.
La Constitución habla de los niveles de coordinación entre los niveles del Estado. No podemos hacer un cambio estructural de forma unilateral cuando tiene que ver con el tema de justicia, necesariamente tenemos que coordinar acciones conjuntas con el Órgano Judicial y el Ejecutivo.
¿Cuánto tardarán en aplicar el nuevo sistema?
Puede ser entre 180 días a 360 días. Estamos hablando de un año que necesitamos para realizar un cambio estructural, la migración de la información y el proceso de saneamiento.
¿Cuánto se requiere?
En una primera etapa se ha calculado Bs 40 millones para implementar el sistema informático y que los recursos no vayan al bolsillo de los corruptos.
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