YPFB emitió un comunicado desmintiendo las acusaciones del ex ministro Romero vertidas el martes.
EL DEBER
Los exministros Carlos Romero y Teresa Morales, acompañados de los diputados Renán Cabezas y Gustavo Vega llegaron hasta la Fiscalía General del Estado en Sucre, donde presentaron una denuncia por la supuesta compra irregular de carburantes.
Desde marzo el exministro venía denunciando hechos irregulares en la estatal petrolera, incluso los dos exministros ofrecieron una conferencia de prensa en el parlamento entregando los documentos a diputados del ala radical de la bancada del MAS, los diputados ‘evistas’ habían prometido hacer gestiones, pero no se avanzó nada.
Este 10 de mayo, el exministro acudió a Sucre y exigió que se abra una investigación; mientras desde la empresa petrolera nacional desmintieron esas acusaciones a través de un comunicado que circuló anoche y reivindicaron la compra a menor precio de diésel.
Ambas exautoridades del gobierno de Evo Morales, presentaron un memorial en la Fiscalía General, pidiendo la intervención directa del titular de esta institución al considerar de que «se trata de un millonario hecho de corrupción en la compra de combustibles con sobreprecio, por encima de la demanda que tiene el país y todo para abastecer al contrabando de carburantes».
«La denuncia es contra Armin Dorgathen Tapia, director ejecutivo de YPFB, y lógicamente, producto de las investigaciones contra quienes resultaren responsables, materiales e intelectuales, de este apuñalamiento a la economía nacional«, señaló Romero, luego de entregar la denuncia en la Fiscalía.
Explicó que acudieron ante el Fiscal General del Estado que como defensor de la sociedad tiene la responsabilidad de dirigir funcionalmente las investigaciones.
La exministra Teresa Morales denunció «megacorrupción que tiene varios elementos, uno de ellos es una importanción desmesurada de combustible que no se justifica». Según ella,la petrolera estatal ha importado diésel en paralelo a dos empresas bolivianas que se dedican a ello, pero lo ha hecho pagando más caro. «Lo importaron por 15 meses, pagando no el mismo precio que las privadas bolivianas, sino 30% más. Sumando esos 15 meses, han pagado $us 700 millones con sobreprecio», denunció.
«Nosotros, con los contratos y la documentación estamos demostrando que en 2022 se dispara la importación de diésel y gasolina y desde 2021 ya se disparan las comisiones a los broker, y eso explica que el año pasado se ha erogado más de 4.000 millones de dólares por importación de combustible», denunció Romero.
«Esta importación tiene un sobreprecio grotesco y una sobreimportación grotesca», remarcó.
Ha sido ‘cantinflesca’ la respuesta d YPFB, remataron, refiriéndose al comunicado que la estatal petrolera subió a sus redes anoche.
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