LOS TIEMPOS
La audiencia cautelar en contra del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por el caso Decretazo está programada para las 10.00 de hoy. En este proceso, la Fiscalía pide la detención preventiva de la autoridad departamental por seis meses en el penal de Chonchocoro.
El asambleísta departamental cruceño Dilfe Rentería dijo que se espera que la audiencia se instale y no se suspenda, como la anterior semana. La audiencia se postergó desde fines de marzo de este año.
«Se suspendió la audiencia porque faltando dos horas su abogado informó que se enfermó y el otro estaba de viaje; justamente creo que ese abogado es el que ha fallecido. Entonces, esperemos que se pueda instalar la audiencia», manifestó Rentería en entrevista con Bolivia TV.
El caso Decretazo fue abierto contra Camacho por delegar sus funciones a un secretario y no al vicegobernador Mario Aguilera, cuando viajó a Brasil en 2022. Asambleístas departamentales del MAS sostienen que Camacho violentó, con esa acción, el estatuto autonómico cruceño.
Por esa designación, Camacho es procesado por la supuesta comisión de los delitos de nombramientos ilegales, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, y manipulación informática.
Actualmente, el Gobernador de Santa Cruz se encuentra en el penal de Chonchocoro, donde cumple una detención preventiva por el caso Golpe de Estado I, desde fines de diciembre de 2022.
Este decreto, cuestionado por irregular, fue publicado y luego eliminado de la Gaceta Departamental Oficial.
Detención en Chonchocoro
Luis Fernando Camacho cumple detención preventiva en el penal de Chonchocoro, dentro del caso Golpe de Estado I que se le sigue por delitos de terrorismo.
El juez Primero Anticorrupción de La Paz, Helmer Laura, amplió su detención cuatro meses más.
La autoridad judicial declaró fundado el recurso de incidente solicitado por el Ministerio Público, la Procuraduría y el Ministerio de Gobierno, debido a que existen actos investigativos pendientes como la declaración de otros implicados.
La autoridad cruceña es imputada por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, seducción de tropas, instigación pública a delinquir, uso indebido de bienes y servicios públicos, cohecho activo y asociación delictuosa.
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