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El 12 de abril el Gobierno aprobó el Decreto Supremo 4910 con el objetivo, entre otras cosas, de evitar la proliferación del mercado negro de combustibles. Menos de un mes después, el precio de la gasolina en ese mercado se disparó y el 3 de mayo, en Pando, casi un centenar de revendedores de combustible conformaron una asociación que ahora exige al Gobierno que deje de criminalizarlos y les permita vender ese carburante a Bs 10 el litro, cuando el costo en surtidores es de Bs 3,74 bolivianos.
La medida que adoptó el Gobierno era sin duda necesaria, dado que las arcas del Estado se desangran desde hace más de 15 años como consecuencia de la subvención a los carburantes, que, si bien beneficia a los propietarios de vehículos públicos y particulares, también alimenta a los contrabandistas, al negocio ilegal de los autos chutos y, por su puesto, a los comerciantes del mercado negro, que son miles en el país.
“Las acciones ejecutadas hasta ahora para evitar el contrabando y desvío de combustibles no alcanzaron los resultados esperados. Es por ello que el Gobierno nacional lanza medidas que harán más efectivo el control a la venta de combustibles e incorpora correcciones a la normativa anterior que, por su ambigüedad, favorecía al mercado negro”, cita una nota de prensa distribuida el mismo 12 de abril por el Ministerio de Hidrocarburos.
El asunto es que también el mercado negro resultó de alguna manera favorecido, ya que los mayores controles para la venta de carburantes hicieron que suba la demanda de este producto y, en consecuencia, su precio, prácticamente duplicando las ganancias para los comerciantes dedicados a ese negocio.
Hasta antes de las medidas gubernamentales la gasolina fuera de los surtidores era vendida en un promedio de 5 bolivianos el litro y ahora el costo subió a entre 7,50 y 10 bolivianos, no sólo en Pando, sino también en el trópico de Cochabamba, una de las zonas con mayor cantidad de vehículos chutos en el país, que ahora deben necesariamente cargar sus tanques en el mercado negro porque el control es más riguroso en las estaciones de servicio.
Pero no todo queda ahí, entre vendedores y compradores que actúan al margen de la ley, sino que además la situación afecta a los productores. En el Chapare, la demanda creció de tal manera que los productores de banano, palmito, piña y piscicultores denunciaron que no llegan a comprar el combustible en los surtidores, por lo que se ven forzados a hacerlo también en el mercado negro para garantizar en estas fechas sus cosechas y su posterior exportación.
Ante ello, el presidente de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba, Rolando Morales, ha pedido al Gobierno que actúe contra los especuladores, lo que implicaría seguramente iniciar procesos contra estas personas, tal como ha ocurrido con algunos de los comercializadores de dólares en el mercado negro.
Podría empezar con los afiliados de la asociación recientemente fundada en Pando, por ejemplo, pero esto desataría un nuevo conflicto social. Los miembros de esta organización argumentan que quieren legalizar su actividad porque no tienen otras formas de ingreso ante la falta de empleos y porque hay libre mercado. Abraham Duri, su principal dirigente, anunció que su primer objetivo es conseguir autorizaciones para comercializar combustibles en domicilios.
La cosa no es tan sencilla, pero el Gobierno deberá dar alguna respuesta un tanto más directa al creciente mercado negro de combustibles, ahora aparentemente fortalecido de rebote por los mayores controles que existen en las estaciones de servicio y la necesidad de circulación que tienen los propietarios del medio millón de autos chutos que circulan en el país. Tal vez apuntar directamente a estos motorizados, que deberían ser confiscados en el acto y no estar circulando como lo hacen en poblaciones de todo el país, incluso en sus propias ferias de compra y venta, como todos, incluida la Policía, sabemos.
Claro, esto resolvería parte del problema, porque después quedaría pendiente ver lo que ocurre con el contrabando, que aún goza de buena salud porque en todos los países limítrofes la gasolina es más cara.
Los mayores controles para la venta de carburantes hicieron que suba la demanda de este producto y, en consecuencia, su precio.
Apuntar directamente a estos motorizados, que deberían ser confiscados en el acto y no estar circulando en el país.
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