LOS TIEMPOS
Ante la presión de diferentes sectores en contra de normativas cuestionadas por vulnerar la libertad de expresión, el Movimiento Al Socialismo (MAS) ya retrocedió en dos oportunidades, primero al retirar un proyecto de ley (PL) que penalizaba el uso de las redes sociales, y segundo al suprimir el denominado artículo mordaza del PL 305, que establecía una afectación directa al gremio periodístico. Sin embargo, las organizaciones de prensa se mantienen en emergencia hasta que se oficialice la determinación asumida por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Mediante un comunicado, la mencionada comisión afirmó que la libertad de expresión es un pilar fundamental de la democracia, por lo que existe el compromiso de defender respetar y cuidar este derecho, además que el “derecho a la información y libertad de prensa” son derechos que deben ser garantizados en el ejercicio periodístico.
“La Comisión reiteró su firme compromiso en la defensa de los derechos humanos y, en ese sentido, anunció la supresión del artículo 281 in extenso del proyecto de ley 305/2023, tras un diálogo y coincidencia con diferentes sectores, y se comprometió a atender con prontitud las sugerencias comunes, siendo respetuosos de los derechos y garantías constitucionales vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia”, señala el comunicado que fue refrendado por la diputada Magaly Gómez (MAS), presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.
La presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), Zulema Alanes, destacó el pronunciamiento de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
“Continuamos en estado de emergencia. Saludamos la acción unitaria, combativa y firme que todos los trabajadores de la prensa y periodistas hemos asumido para encarar esta primera batalla porque nos falta más para encarar la plena vigencia para la libertad de prensa”, afirmó.
Riesgo latente
El riesgo para los profesionales de la comunicación continúa vigente, toda vez que el artículo que se suprime del PL 305, se encuentra en la Ley 045 y el Código Penal.
“Seguimos alerta ante otras agresiones y actitudes gubernamentales contra el ejercicio de la prensa libre y reiteramos que la Ley 045, Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, sigue manteniendo un artículo que establece cárcel contra los periodistas”, señaló el presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Raúl Peñaranda.
Redes sociales
Anteriormente, el MAS retiró el PL 304 que regulaba y sancionaba el uso de redes sociales. El promotor de este proyecto, diputado Juan José Huanca (MAS), argumentó que aparta el documento para evitar ataques al gobierno de Luis Arce.
ANP pide excluir sanción de la 045
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) reiteró su pedido para excluir toda sanción al trabajo periodístico de la Ley contra el racismo.
“Es un avance significativo, pero queda pendiente la tarea de corregir el contenido de la ley que, desde 2010, castiga con prisión de hasta cinco años a periodistas y con la clausura de medios de información, extremos absolutamente contrarios a los principios de la Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley de Imprenta”, dijo.
La sanción de pena de cárcel rige en otras leyes
El proyecto de Ley 305 planteaba modificar el artículo 281 del Código Penal y el 23 de la Ley 045 para agravar la pena privativa de tres a siete años a las personas que incurran en la “difusión e incitación al racismo o la discriminación”.
Esta sanción se aplicaría a personas que “difundan ideas basadas en la superioridad racial, promuevan y/o justifiquen el racismo o toda forma de discriminación, pronuncien o difundan discursos de odio fundados en motivos racistas, inciten a la violencia o a la persecución de personas”.
Además, “cuando el hecho sea cometido por una trabajadora o un trabajador de un medio de comunicación social o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno”.
Pero el Código Penal y el artículo 23 de la Ley 045 mantienen el riesgo de cárcel para los trabajadores de la comunicación.
En estas leyes, la sanción para los que incurran en los delitos descritos, incluidos los trabajadores o dueños de medios, es que serán sancionados con la pena privativa de libertad de uno a cinco años, por lo que el riesgo continúa.
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