LOS TIEMPOS
La Gestora Pública migró al 90 por ciento de los aportantes a los fondos de pensiones privados y se prepara para funcionar desde el 15 de mayo en medio del rechazo de distintos sectores de trabajadores que no confían en la administración pública. Ayer se registraron protestas en las tres ciudades del eje central por parte de jubilados y contribuyentes que piden continuar con un servicio privado.
“Los docentes a nivel nacional hemos concluido que el paso de las AFP (Aseguradoras de Fondos de Pensiones) a la Gestora es un riesgo y peligro para nuestros recursos”, manifestó ayer el secretario ejecutivo de la Federación de Docentes de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Marcelo Claros.
Él encabezaba la marcha que por el centro de Cochabamba se dirigió hasta la plaza central.
En La Paz, otra movilización se apostó en las puertas del Ministerio de Economía, en el Prado, cortó el tránsito vehicular y con carteles y altavoces demandó la anulación de la Gestora.
“Si el Gobierno pide que confiemos, creerá que estamos mal de la cabeza. Nosotros vamos a seguir rechazando que nuestros aportes pasen a la Gestora y, después de la Semana Santa, nuestras bases se van a sumar a las movilizaciones. Ahora sólo estamos los dirigentes”, expresó ayer el ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (Sirmes) La Paz, Fernando Riverlo.
Un jubilado, Jhonny Rivera, señaló que tiene “una desconfianza total” en el Estado, por ser el principal deudor de los aportes para jubilación.
En conferencia de prensa, el gerente de la Gestora, Jaime Durán, manifestó que el traspaso de los aportes y los aportantes a esta institución es un mandato que proviene de la Constitución Política del Estado (CPE) y las demandas de que empresas privadas sigan haciéndose cargo no tiene sustento legal.
Asimismo, aseguró que “no se están confiscando los aportes”, ya que, según la ley, los fondos de pensiones son autónomos y se disponen para inversión según evaluaciones que permitan alcanzar los mejores rendimientos con los menores riesgos.
Estado deudor
El mismo Estado es uno de los principales deudores los fondos de pensiones; aunque, según Durán, esto cambió en los últimos años. Entre 2002 y 2006, la cartera de inversiones de las AFP se encontraba en un 72 por ciento en préstamos al Estado, pero entre 2017 y 2022 esto se redujo a 28 por ciento, y subió la cartera hacia la banca privada.
El economista Gabriel Espinoza señaló que el principal problema, y lo que genera desconfianza en la población, es que el Estado sea el que administra, fiscaliza y toma prestado de los fondos de pensiones, un esquema poco recomendable y que en el pasado ya presentó problemas.
Pese a ello, lograr un cambio es complicado, pues la CPE es un candado difícil de levantar, dijo Espinoza, quien además resaltó que son los mismos funcionarios públicos los que comienzan a protestar contra la Gestora. “Esto va más allá de cuestiones políticas”.
El economista Germán Molina dijo que la inseguridad de la población tiene sustento debido a que la administración del MAS se ha caracterizado por su falta de transparencia. Hoy en día se desconoce, por ejemplo, el estado de las reservas y aún no se publicó la memoria económica de 2022, recordó Molina.
Alertó que, con el Estado administrando los aportes, existe el riesgo de que la Gestora pierda liquidez y se quede con papeles (préstamos) emitidos por el Gobierno.
Se alcanzaron 40.366 registros
El gerente de la Gestora Pública, Jaime Durán, informó ayer que desde el inicio parcial de operaciones, el 9 de septiembre de 2022, al 2 de abril de este año, se lograron 40.366 registros.
Detalló que 22.502 nuevos registros corresponden a trabajadores dependientes, 4.676 a independientes, y 3.787 a consultores. Además, se registró a 9.017 empresas, 305 entidades públicas, y 49 cooperativas mineras.
Asimismo se recaudó desde septiembre del año pasado hasta marzo de esta gestión 34,2 millones de bolivianos.
Aseguró que comenzarán a operar y reemplazarán totalmente a las AFP privadas en mayo, de acuerdo al último cronograma.
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