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El presidente Luis Arce envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto de ley que plantea que los trabajadores y propietarios de medios de comunicación no puede alegar ningún fuero si cometen delitos de difusión e incitación al racismo o a la discriminación.
Se trata del proyecto de ley PL 305-2022-2023 que en su parágrafo III del artículo 281 Septies (Difusión e Incitación al Racismo o a la Discriminación) señala que «cuando el hecho sea cometido por una trabajadora o un trabajador de un medio de comunicacción social, o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno».
El Mandatario plantea que la Asamblea incorpore este artículo al Código Penal con las siguientes características: «Será sancionada con pena privativa de libertad de tres (3) a siete (7) años la persona que por cualquier medio: a) difunda ideas basadas en la superioridad racial b) promueva y/o justifique el racismo o toda forma de discriminación, c) pronuncie o difunda discursos de odio fundados en motivos racistas o discriminatorios, d) incite a la violencia o a la persecución de personas o grupos de personas por motivos racistas o discriminatorios».
Desde la bancada de Creemos, la senadora Centa Rek lanzó la voz de alerta acerca de que con este proyecto se eliminaría la ley de Imprenta que establece la autoregulación de los gremios periodísticos a través de tribunales de imprenta.
«El parágrafo III va directamente para la prensa como una ley mordaza, y dice: ‘Cuando el hecho sea cometido por una trabajadora o un trabajador de un medio de comunicación social, o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno’. Definitivamente con esto, podemos llamar a esta ley, entre otras cosas, una ley mordaza», advirtió la legisladora por Santa Cruz.
La legisladora añadió que con este proyecto de ley se pretende amordazar a la de prensa, y la sociedad en su conjunto, eliminando la vigencia de la ley de Imprenta.
«Aquí tenemos una ley totalmente persecutoria, candado, la podemos llamar mordaza; por lo tanto, alertamos a los medios de comunicación a la ciudadanía en su conjunto de la gravedad que reviste este proyecto de ley que pretende silenciar a la sociedad boliviana» demandó.
El artículo en cuestión reinstala la polémica de 2010 cuando se aprobó la ley 045 contra el Racismo y toda forma de Discriminación. Entonces, el gobierno de Evo Morales pretendía quitar licencias de funcionamiento o clausura a los medios que incurran en racismo y discriminación.
Además se planteó que sean pasibles de sanciones económicas.
Los gremios de medios y periodistas rechazaron dicho proyecto de ley por ser atentario contra el derecho a la libertad de expresión y después de una campaña ciudadana lograron revertir dicho artículo.
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