LOS TIEMPOS
Tras los enfrentamientos del pasado miércoles en la propiedad agrícola Santagro (Reserva Forestal de Guarayos, en Santa Cruz), que dejaron dos personas muertas y cuatro heridas de bala, el Tribunal Agroambiental (TA) indicó, en un comunicado, que en enero de 2022 emitió medidas precautorias y prohibió desmontes, chaqueos, uso o aprovechamiento de recursos naturales y el asentamiento humano en todo el predio.
El presidente de la Asamblea de Derechos Humanos de Santa Cruz, Víctor Hugo Velasco, indicó que estas medidas precautorias debían haber sido ejecutadas por el juez agroambiental y la Policía en su debido momento, pero no fue así y se permitieron asentamientos y siembra de soya, lo que derivó en enfrentamientos con muertos.
El investigador y exdirector de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque, indicó que sería “clave” conocer si la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) ordenó el desmonte en este predio.
Tras lo ocurrido, el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez, ratificó que Santagro está en la reserva forestal de Guarayos, por lo que la institución la declaró tierra fiscal no disponible, en noviembre de 2021. Sin embargo los propietarios del predio apelaron la decisión ante el Tribunal Agroambiental.
Los supuestos dueños piden la nulidad de la Resolución Final de Saneamiento 504/2021, del 25 de noviembre de 2021, que declara a Santagro como predio fiscal.
El proceso no ha concluido, por lo que todavía no se ha ratificado la sentencia del INRA. Velasco aseguró que mientras el TA no ratifique eso, no se puede asegurar que el predio es fiscal.
Legisladores cuestionaron que ni los interculturales ni los empresarios cumplieron la prohibición de ocupar y trabajar esas tierras.
“Nadie (ni empresarios ni interculturales) termina cumpliendo la norma y esto se da porque, más que seguro, al interior del INRA hay personas que no cumplen con la ley, o sea, que les dan a los empresarios alguna posibilidad (de) que siembren”, indicó la diputada de la agrupación política Creemos María René Álvarez a ANF.
La senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Cecilia Requena dijo, por su parte, que quienes deberían controlar para que nadie ingrese al predio es el TA, la ABT, el Ministerio Público y el INRA, pero al final hay “intereses muy poderosos”, dijo.
Piden al Gobierno ser drástico
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) demandó al Gobierno ser “drástico” para sancionar los avasallamientos y la toma de tierras en diferentes partes del país. “Deploramos los avasallamientos a la propiedad privada y la toma ilegal de tierras porque generan violencia e inseguridad y ponen en riesgo la producción y el trabajo. Pedimos que el Gobierno sea drástico para sancionarlos, pero, sobre todo, oportuno y eficiente para evitarlos”, señalan en un comunicado.
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