Los exministros de Evo Morales hallaron “irregularidades” en contrataciones directas y en la importación de combustibles. Cuestionan el silencio del presidente. YPFB dice que promueve la transparencia de datos.
EL DEBER
Los exministros Carlos Romero y Teresa Morales entregaron ayer al bloque de legisladores del MAS, afines al expresidente Evo Morales, las “pruebas” documentales de la presunta corrupción en la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), respecto a la importación de combustibles y las contrataciones directas. Solicitan que activen la fiscalización a través de la Asamblea Legislativa.
“Las denuncias que conoce el Ministerio Público y la justicia no tienen avances. Lamentablemente esta justicia está parcializada, pero nosotros, como parlamentarios, vamos a exigir el cumplimiento de la Constitución Política del Estado, el reglamento de la Cámara de Diputados, que nos ampara, y también tenemos instrumentos parlamentarios (de fiscalización)”, aseveró la diputada Gladys Quispe luego de recibir 70 páginas con los indicios de las “irregularidades”.
La parlamentaria anunció que impulsarán tres acciones. La primera será la petición de informe a las instancias competentes del caso. La segunda medida consiste en la remisión de documentos al fiscal general Juan Lanchipa y al Ministerio Público a los que exigen una investigación de oficio al tratarse de recursos económicos y naturales. La última medida será solicitar la conformación de una comisión mixta de investigación a YPFB.
Al menos 12 parlamentarios respaldaron el pronunciamiento de Quispe y las denuncias de las exautoridades que brindaron una conferencia de media hora para exponer las cuatro “irregularidades” que hallaron gracias al cruce de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Ministerio de Hidrocarburos, Agencia Nacional de Hidrocarburos y otras entidades gremiales.
A casi un mes de presentada la denuncia ante la prensa y reiterada ayer, la estatal petrolera anunció que hace unas semanas autorizó una auditoría desde 2016 e impulsa la creación de un portal de transparencia sobre los movimientos de YPFB.
El presidente de YPFB, Armin Dorgathen, catalogó la denuncia de “falsa” y de buscar “desprestigiar” al Gobierno.
“Estamos abiertos a cualquier informe porque es una denuncia que viene de semanas atrás y ya hemos instruido una auditoría, no solo de 2022, sino de 2016”, anunció el funcionario.
Adelantó que el portal mostrará los volúmenes históricos de importaciones de combustibles, las importaciones en el día, precios internacionales de la compra de combustibles, precio del petróleo y del producto terminado, los nuevos proveedores podrán inscribirse para participar de las licitaciones.
No es la primera vez que la empresa estatal enfrenta denuncias de presunta corrupción. Algunas incluyen al hijo del mandatario a quien acusan de hacer “negociados” para que algunas empresas se adjudiquen proyectos.
Aunque hubo fuertes acusaciones contra Marcelo Arce y otras denuncias contra YPFB, el presidente Luis Arce no se ha pronunciado, lo cual provocó las críticas de Romero. Dijo que Arce “es un políglota porque está callado en siete idiomas”.
Los antecedentes
Pese a las explicaciones del presidente de YPFB, el exministro de Gobierno ratificó que hay cuatro hechos que marcan la supuesta corrupción en la estatal petrolera. La primera “irregularidad” es que la empresa estatal dejó de lado las licitaciones públicas para recurrir a las contrataciones directas, incluso en la oficina instalada en Argentina.
La importación de gasolina y diésel marca otro antecedente. Según los cálculos de la exministra de Desarrollo Económico Teresa Morales, el monto inicial solo por compra o importación excesiva de gasolina y diésel en 2022 fue de $us 1.600 millones, “sin contar que eso se hubiera ido por contrabando”.
Al respecto, Dorgathen anunció el domingo que la estatal optimizará la compra de combustibles a través de medidas logísticas, como la habilitación de los ductos por el sector del occidente del país. Dijo que a la fecha se logró reducir en $us 2 millones por día la importación de combustibles.
La tercera denuncia consiste en la importación de combustible Premium que en la gestión de Evo Morales manejaba un precio de $us 14 por metro cúbico y hoy ese promedio se habría multiplicado a $us 200.
La última presunta irregularidad implica a empresas investigadas por corrupción que quedaron a cargo de la adquisición de combustibles en Bolivia. Los denunciantes afirmaron que el 90% de la compra de combustibles se hace a través de la empresa intermediaria Trafigura y a integrantes de su “holding”, donde “extrañamente” trabajan exfuncionarios de YPFB que tenían denuncias.
Sin embargo, el gerente de Planificación Corporativa de la entidad estatal, Dani Roca, aseguró que la empresa Trafigura, que provee de combustible a Bolivia, tiene una participación del 20%, por lo que no tiene el monopolio absoluto.
Luego de que el INE publicara que Bolivia importó un 31% más de diésel del que necesita, YPFB solicitó corregir estos datos y que salgan de la estatal petrolera y de la ANH. Romero observó que Dorgathen cuestione al INE que en 2024 realizará el censo.
“El presidente de YPFB que basurea al INE, el mismo INE que está a cargo del censo y el mismo INE que dice que tenemos la tasa más baja de inflación del mundo y el mismo INE que dice que hemos bajado el 50% de la tasa de desempleo. Esto es absolutamente inverosímil”, ironizó Romero.
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