LOS TIEMPOS
La visita de los altos funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Bolivia programada del 27 al 30 de marzo es importante porque se evaluará el respeto a la democracia, el cumplimiento de los derechos humanos y la situación referente a los presos políticos, señalaron dos analistas.
El activista en Derechos Humanos Franco Albarracín destacó la llegada de la delegación después de 17 años, arribo que permitirá conocer cuál es la situación de las entidades de defensa de derechos humanos y de las víctimas de vulneraciones de sus derechos constitucionales y legales. “Es una oportunidad para procurar que sus casos sean atendidos, pero se dificulta por las agendas que el Gobierno les fija.
A juicio del analista Carlos Alberto Goitia, la CIDH acude a los países “donde las cosas no están funcionando bien y pone en evidencia que Bolivia tiene problema de cumplimiento de los Derechos Humanos”.
La visita de la CIDH se guía por los informes que se han generado a lo largo de los años, tanto por la Corte IDH como por la CIDH.
Para los entrevistados, uno de los elementos centrales que debería marcar esta visita al país es la verificación del grado de cumplimiento de las sentencias que ha ido emitiendo la Corte IDH contra Bolivia. “Van a constatar que
Bolivia no ha cumplido con las obligaciones de materializar las sentencias; por ejemplo, se mantiene la imprescriptibilidad de los delitos, vulnerando el debido proceso en tiempo razonable, las cárceles siguen siendo inhumanas y no se han llevado a cabo adecuaciones a normativas como el tipo de terrorismo que es inaceptable”, sostuvo Goitia.
Albarracín mencionó el incumplimiento de las recomendaciones sobre la persecución política, a través de las judicialización de las causas y se espera que haya un pronunciamiento oficial sobre el tema.
El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Cesar Siles, informó que los altos comisionados de la CIDH evaluarán la situación de los derechos humanos en el país.
La comisión de la CIDH estará integrada por cinco personas, entre ellas la presidenta de la comisión, Margarette May Macaulay; Joel Hernández, que también es relator para Bolivia; Esmeralda Arosemena de Troitiño, primera vicepresidenta y relatora sobre los derechos de los pueblos indígenas; Julissa Mantilla Falcón, relatora sobre los derechos humanos de las mujeres, y Stuardo Ralón Orellana, relator sobre los derechos de las personas privadas de la libertad.
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