LOS TIEMPOS
Los dos modelos educativos implementados en Bolivia durante los últimos 30 años, la Reforma Educativa (Ley 1565) y la Avelino Siñani Elizardo Pérez (Ley 070), fracasaron porque fueron aplicados a medias, quedaron truncos y no se contó con un recurso humano altamente calificado para su respectiva implementación, coincidieron en declarar a Los Tiempos los especialistas Juan Carlos Pimentel y Álvaro Puente.
La Ley de Reforma Educativa fue puesta en vigencia en 1994 y respondió a la corriente progresista del momento.
Para Puente, fue una ley revolucionaria y bien hecha cuyas bases pedagógicas siguen vigentes en los países de la región, pero no se aplicó a cabalidad en Bolivia por la resistencia del magisterio.
Pimentel resaltó algunos aspectos positivos de la Ley 1565, como la enseñanza en la lengua materna en los primeros años de primaria; la adecuación de los currículos a las particularidades culturales y regionales; la inclusión de espacios de mayor participación de los padres de familia en el funcionamiento de las escuelas; las pruebas periódicas de aprovechamiento en lenguaje, aritmética y ciencias con test estándares para todo el país; la eliminación de la distinción urbano rural; la regionalización de los contenidos escolares; la administración de las normales mediante contratos con las universidades; la priorización del mejoramiento docente mediante la capacitación continua y el incremento de las remuneraciones de los maestros, y la capacitación de administradores escolares.
“Se adscribe a las tendencias internacionales cuyos nutrientes fueron las corrientes más progresistas, como el constructivismo. Sin embargo, su aplicación fue dificultosa y sucumbe ante la incomprensión del magisterio”, señaló Pimentel.
Puente resaltó la reducción de la dispersión curricular para la enseñanza primaria y secundaria con un proceso lógico y gradual para el aprendizaje de los escolares. “Sin embargo, las autoridades de turno no se atrevieron a cambiar todo, no tocaron las normales”, dijo.
Los programas estaban bien elaborados, pero no se capacitó a los maestros para encarar los cambios. “No se pudo capacitar a los profesores por su mala formación pedagógica y a fuerza de movilizaciones lograron la derogación de la ley”.
Los mejores profesionales podían dar clases, en el marco de la Ley 1565, y este fue uno de los puntos de quiebre con el magisterio que rechazó la medida y logró que sólo los normalistas puedan impartir docencia en las unidades educativas.
Sobre la Ley 070, Pimentel y Puente señalaron que prioriza los elementos de tipo ideológico en relación con los de carácter técnico pedagógico y no ven logros educativos.
Puente aseguró que la Ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez no se enfoca en lo educativo, y lo pedagógico se limita a la enseñanza en la producción y la educación para la pluriculturalidad. “No hay currícula, no hay textos e insisten con la exclusividad de los maestros normalistas”.
Para Puente, la Ley 070 es retrógrada, anticientífica y pretende destruir lo que se llama calidad educativa, “reemplaza el conocimiento científico por cosmovisiones que no potencian la preparación del estudiante para estudios superiores”.
Pimentel señaló que hubo un retroceso en la educación, porque se ha castellanizado la educación y no está acorde con los sistemas educativos de los países de la región. Además, los maestros “aplican lo que saben” cualquiera sea la normativa que esté vigente. “Los maestros debieran ser los mejores profesionales, porque tienen la tarea fundamental en el proceso educativo, pero no es así”.
Pimentel señaló que en los últimos ajustes a la ley se incorporaron planteamientos de la Ley 1565, debido a las corrientes mundiales de la educación. Por eso, el “Gobierno se dio por aludido porque no se puede plantear un sistema educativo que se encierre en sí mismo negándose de los procesos de medición de calidad internacional, así que finalmente se abre”. dijo
Puente ve inviable aplicar los nuevos contenidos, ya que muchos profesores no están formados para hacerlo. Por lo tanto, dijo que se trata solo de un “maquillaje” con el fin de dar la imagen de un trabajo de modernización de la educación, pero no se tomó en cuenta a los sectores fundamentales del proceso, como los docentes y padres de familia.
Profocom
Sobre la formación docente, Pimentel cuestionó el trabajo del Programa de Formación Complementaria para Maestras y Maestros en Ejercicio (Profocom) que profesionalizó a 100.000 docentes porque, si bien los maestros lograron la licenciatura, no se ve los resultados de su cualificación para encarar los nuevos desafíos en la educación boliviana.
39 años de vigencia
tuvo el Código de la Educación Boliviana antes de encarar un cambio en la normativa nacional.
Bolivia, sin medición de la calidad educativa
El pedagogo Álvaro Puente cuestionó la falta de medición de la calidad educativa, ya que esta permite tener la certeza de cuál es la situación de Bolivia en relación con los demás países de la región.
Mencionó la importancia de los procesos de evaluación externos como parte del diagnóstico educativo para encarar ajustes o modificaciones, como la prueba PISA para centros educativos que proporciona información descriptiva y análisis sobre las destrezas y la aplicación creativa del conocimiento por parte de los estudiantes de 15 años en las áreas de lectura, matemáticas y ciencias.
Sobre el tema, Juan Carlos Pimentel recordó que Bolivia se alistaba para la medición de calidad educativa en octubre de 2019, pero esta no se llevó adelante debido a los conflictos sociales y políticos desatados en el país.
A juicio de Pimentel, los últimos contenidos establecidos por el Ministerio de Educación, para esta gestión, responden a la necesidad de mejorar la situación educativa de cara a la evaluación LLECE que forma parte de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (Orealc/Unesco).
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