En las nueve capitales de departamento se realizaron cabildos. En algunos determinaron sumarse a la recolección de firmas para la reforma, en otros rechazaron la nueva currícula y crearon un defensor departamental.
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Los cabildos que se realizaron ayer en todo el país pidieron al presidente Luis Arce una amnistía para los presos políticos, pero amenazaron con activar un proceso de revocatorio en su contra si es que no cumple esa exigencia.
En los cabildos realizados en las nueve capitales de departamento del país determinaron exigir la liberación de los presos políticos, a través de la puesta en vigencia de una ley de amnistía, en un plazo no mayor a 30 días.
“En caso de incumplimiento, impulsar activamente un proceso constitucional para revocar el mandato al presidente Luis Arce Catacora, a partir de mayo próximo, por constituir su gobierno en un régimen dictatorial y antidemocrático”, reza una de las resoluciones del cabildo de Santa Cruz, algo que también con similar tenor se aprobó en los cabildos de Beni, Tarija, Pando y Oruro.
En los cabildos de Santa Cruz, Oruro, Pando, Tarija y Beni determinaron participar en la recolección de firmas que impulsa Juristas Independientes, en busca de lograr la reforma de la justicia vía referendo constitucional. El proceso para recabar firmas comenzó ayer.
En algunas regiones decidieron impulsar una norma para que las asambleas departamentales elaboren y aprueben ternas para preseleccionar a candidatos a altas cortes, ello de cara a las próximas judiciales.
En Santa Cruz, Oruro, Pando, Beni, Tarija y La Paz determinaron exhortar a las fuerzas políticas opositoras y democráticas a la unidad de cara a las elecciones de 2025.
Por otro lado, en los cabildos de Santa Cruz, Tarija, Pando, Chuquisaca y Oruro determinaron la creación del Defensor del Pueblo Departamental. En tanto que en los cabildos de Potosí, Tarija, Chuquisaca, Oruro, Cochabamba y La Paz rechazaron la nueva currícula educativa.
En cada departamento también se pusieron a consideración consultas específicas sobre distintos asuntos.
En Santa Cruz, el cabildo también determinó que la Asamblea Legislativa Departamental apruebe una ley “para la provisión del servicio de seguridad ciudadana a través de una guardia departamental, que proteja a la población y resguarde los recursos y el patrimonio departamental”.
Durante su discurso, Rómulo Calvo, presidente del Comité Pro Santa Cruz, criticó a la Policía y la tildó de criminal. “Es una fuerza de represión al servicio de la dictadura, para someter con violencia a la sociedad”, aseguró.
En ese cabildo, los asistentes ratificaron a Luis Fernando Camacho en el cargo de gobernador, luego de que uno de sus hijos diera lectura a la misiva que envió desde el penal de Chonchocoro. En su carta, esa autoridad les dijo a los asistentes que ellos le dieron el mandato y son los únicos que pueden decidir retirarlo.
En el caso de La Paz, el cabildo determinó defender la democracia, la libertad y la justicia, exigir la anulación de los “procesos inventados” Golpe I y II, pedir la abrogación de ley de la educación Avelino Siñani – Elizardo Pérez “por ser contradictoria con el avance y desarrollo social del pueblo boliviano”, exigir el restablecimiento en Bolivia de la representación del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, y solicitar la mejorar del presupuesto para salud.
En Cochabamba, los asistentes al cabildo decidieron ratificar que en 2019 hubo un fraude electoral, por lo que se debe reabrir el juicio y, por ende, se deben cerrar los casos Golpe I y II, exigir una auditoría al padrón electoral y exigir una justicia independiente que garantice la selección de magistrados a cargo de una comisión independiente del poder político.
En Oruro, el cabildo resolvió que se inicie una investigación de oficio en contra del expresidente Evo Morales por sus acciones en Perú y que se procese al exgobernador Víctor Hugo Vázquez por los hechos de 2019.
En Chuquisaca, el cabildo determinó exigir el cese de la persecución política, pedir la redistribución de los recursos mediante un pacto fiscal, solicitar la detención inmediata de Morales por “los delitos cometidos en su gobierno y por la injerencia política en Perú”, exigir al Gobierno la independencia del Órgano Judicial, exigir a la Policía y las FFAA que respeten la Constitución y que dejen de estar sometidos al partido en función de gobierno, y exigir que el Ejecutivo declare a Sucre como la Capital del Bicentenario.
En el cabildo de Pando sus asistentes resolvieron conformar un “comité interinstitucional” que fiscalice todas las necesidades que se tengan en ese departamento, como las relacionadas con carreteras, educación, salud, seguridad, alumbrado público y facturas de luz y agua.
En Tarija, el cabildo decidió que el comité cívico y las autoridades autonómicas trabajen una propuesta para una “nueva relación entre el departamento y el gobierno nacional”, que haga frente a la inminente crisis económica, profundizando la autonomía, logrando un pacto fiscal, todo esto camino a la construcción de un “Estado federal”.
En el cabildo de Potosí, los asistentes resolvieron impulsar una “verdadera reforma judicial” y procesar a los magistrados, jueces y fiscales que son corruptos y que son “enemigos del pueblo”; dieron un ultimátum de 15 días para que se apruebe la ley de recursos evaporíticos, para que se deroguen “algunos artículos” de la Ley Minera y para que se haga el desembolso de recursos para preservar el Cerro Rico de Potosí; y determinaron exigir que se inicien procesos por traición a la patria a Morales y a sus ministros “por la entrega de nuestros recursos naturales a potencias extranjeras”.
En Beni, quienes participaron en el cabildo decidieron la defensa del Tipnis, dar un plazo de 90 días al Gobierno para que lance la licitación para la pavimentación para la carretera Trinidad- Guayaramerín y ramales.
El ministro de Justicia, Iván Lima, sostuvo: “La aplicación de los resultados del cabildo es inconstitucional, buscar implementar estas decisiones por parte de la Asamblea Departamental afecta las bases esenciales del Estado y sólo puede ser resultado de una Asamblea Constituyente que debe aprobarse por dos tercios de votos”.
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