La prueba principal que presentó es el texto de un libro que refleja una declaración del actual gobernador, que señaló que su padre habría negociado con militares. No hay declaraciones, de civiles o de militares, que sustenten aquello.
EL DEBER
La mayoría de las 33 pruebas presentadas por la Fiscalía tras la captura del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, para llevarlo a la cárcel de Chonchocoro, son recortes de prensa, el contenido de un libro y cartas.
El ministro de Gobierno, Eduardo del castillo, indicó que se ampliará la querella contra Camacho por los delitos de cohecho activo (soborno) y seducción de tropas, luego de manifestar que tres años después de los hechos se encontraron depósitos a militares de cuentas de Camacho y sus allegados, pero los aludidos lo negaron.
El procedimiento en la detención del gobernador cruceño ha desatado dudas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA) envió una carta al canciller Rogelio Mayta, en la que pide informe sobre la captura y la audiencia que determinó la reclusión del gobernador. Debe responder en un plazo de 10 días.
También ha provocado movilizaciones de los que piden su liberación y de los que quieren que se quede en Chonchocoro. El Pacto de Unidad y la Central Obrera Boliviana se declararon en estado de emergencia ante cualquier intento de desestabilización por el caso de Camacho y convocaron a una movilización el 22 de enero.
Las pruebas presentadas
Entre las pruebas presentadas en la cautelar destaca el memorial de la denuncia de la exdiputada Lidia Patty contra el gobernador, la misma que fue copiada por los fiscales casi textualmente para la audiencia de medidas cautelares.
Además, contemplan la declaración de Patty del 17 de noviembre de 2020 y una declaración de Oscar de la Fuente, ciudadano que respaldó la denuncia de la exlegisladora, están en la lista.
El libro titulado “Golpe de Estado, la historia no contada de una conspiración” , en la página 31 señala una declaración que Camacho dio en una reunión con allegados y que también se encuentra en YouTube en la que dice: “Fue mi padre quien cerró con los militares, para que no salgan; por esa razón, la persona que fue a hablar con ellos y coordinar todo fue Fernando López, actual ministro de Defensa. Por eso él está de ministro para cumplirle los compromisos… No solo conversamos con los policías y militares para que no repriman, también coordinamos con la Conamaq, mineros, ponchos rojos y obreros… Cuando pudimos consolidar que ambos (militares y policías) no iban a salir fue que dimos las 48 horas. Porque sabíamos que Santa Cruz podía trasladarse a La Paz. Ese fue el momento más duro que pasamos porque en el cabildo no sabían que yo iba a ir a La Paz, solo sabía mi padre”. Esta es la prueba principal, pero no tiene pericias o declaraciones que la prueben.
Hay una misiva de José Luis Camacho Parada, del 24 de octubre de 2021, en el que le reclama declaraciones sobre reuniones que habría llevado adelante con autoridades y que llevó dinero para que policías y militares participaran en un supuesto golpe.
Los fiscales presentaron como “elementos de convicción” para demostrar que Camacho cometió el delito de terrorismo las cartas de renuncia del expresidente Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera, del 10 de noviembre de 2019.
También incluyen un informe final de conclusiones evacuado por la comisión especial mixta de investigación por la vulneración de los derechos y garantías constitucionales en los sucesos acaecidos en el territorio nacional, producto de las movilizaciones que se generaron desde el 21 de octubre de 2019. La resolución defensorial de 15 de septiembre de 2020, que supuestamente verifica los hechos ocurridos.
Asimismo, hay una grabación de la conferencia de prensa en los que miembros del Alto Mando Militar sugirieron el 10 de noviembre la renuncia de Evo Morales. El informe del 11 de marzo de 2021 en el que la comisión de investigadores solicita la ampliación de la investigación contra los ex jefes militares que conformaban el Alto Mando. Dos informes en los que la Policía incluye grabaciones de su excomandante, Yuri Calderón, en las que también pide la renuncia de Morales. Un decreto de 24 de diciembre de 2018, en el que se nombró a Kaliman comandante en jefe de las FFAA.
Una nota de Radio Tv Chiquitana, un álbum de fotos sobre las actividades de Camacho en esos días “incluso a bordo de un vehículo patrullero 110, así como por fuerzas militares y policiales en distintas calles de La Paz. Un informe policial que incluye notas de medios de comunicación, un anillado con varias notas de medios de comunicación. Dos compendios publicados por el periódico La Razón, otro por EL DEBER.
Las cartas de renuncia, desde el 10 al 12 de noviembre, de los asambleístas del MAS Ciro Zabala, Milciades Mendoza, Rubén Medinacelli, Carola Arraya, María Susana Cuéllar, y del expresidente de Diputados Víctor Borda.
El acta de declaración de la exministra Ana Teresa Morales, quien señaló, según la Fiscalía, que en representación de Camacho estuvo el abogado Jerjes Justiniano en las reuniones del 10, 11 y 12 de noviembre en las que se decidió quién asumiría la presidencia, “como consecuencia del caos que se había ocasionado”. En la audiencia cautelar la Fiscalía acotó que allí Justiniano planteó la conformación de un gobierno cívico-militar. Una nota de 10 de abril de 2021 en el que se adjunta el decreto 4077, en el que se designa a Justiniano ministro de la Presidencia.
Informes que confirman que ese 10 de noviembre, a las 16:10, se permitió el ingreso de Pumari y Camacho al hall del Palacio Quemado, con el jefe de la Casa Militar Fredy Navia y el teniente coronel Marco Candia. Que hubo movimiento de tropas en el intervalo del 10 de noviembre de 2019 a 20 de febrero de 2020. El informe del Banco Central que señala que acreditó que el 11 de noviembre se retiró la medalla presidencial.
La puesta en escena
La Fiscalía señaló que el 21 de octubre, tras las elecciones de 2019 “empezó a gestarse un presunto golpe de Estado en Bolivia, con la quema de tribunales electorales en diferentes departamentos del país” y que un grupo de personas “al mando de Luis Fernando Camacho”, el 5 de noviembre de ese año “llegó a la ciudad de La Paz” y emitió declaraciones a los medios en los que dijo que logró evadir el bloqueo gracias al apoyo de policías y militares, “por lo que se presume que el golpe de Estado estaba en proceso”.
La Fiscalía responsabilizó a Camacho por el amotinamiento de la Policía y por dejar al Gobierno sin el apoyo de las FFAA, que pidió su renuncia, como lo hizo el jefe de la institución verde olivo.
La acusación sostiene que Camacho usurpó funciones sin ser autoridad con competencia “para mandar a efectivos policiales y militares”. Señaló que envió a su representante Jerjes Justiniano, quien en una reunión que se realizó en La Paz “habría propuesto constituir un gobierno Cívico Militar, mismo que no está contemplado en la CPE”.
Juan Carlos Camacho, defensor del Gobernador, lamentó que no se presentaron pruebas concretas, y todo se basa en recortes de prensa. Criticó que la Fiscalía no demostró el supuesto golpe ni que se cometió actos de terrorismo. Además, aseguró que hubo fraude en las elecciones de 2019 y que todo lo que su cliente hizo salió de un mandato del pueblo.
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