El máximo tribunal de Naciones Unidas (ONU) emitirá este jueves un fallo vinculante y de estricto cumplimiento sobre la base de todos los alegatos. La defensa del país reconoció, en esos actuados, que una parte del recurso es un río.
EL DEBER
El fallo está listo. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) leerá este jueves 1 de diciembre el dictamen que debe poner fin a una disputa de seis años que enfrentó a Bolivia y Chile por el uso de las aguas Silala, un sistema de bofedales que está en el sudoeste de Potosí.
En eje central del pleito, activado por Chile en 2016 y respondido luego por Bolivia con una contrademanda, tiene ahora que ver con la decisión de la Corte sobre la posible compensación del “flujo artificial” que puede usar Chile de las aguas del Silala, precisaron especialistas que hicieron un seguimiento al caso sobre la base, precisamente, de los actuados oficiales ante el máximo tribunal de justicia de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Por una parte, Andrés Guzmán, economista y diplomático boliviano recordó que durante el proceso oral, que tuvo lugar en abril, Bolivia ya reconoció que “una parte del Silala” es, en efecto, un río internacional. “Eso se ha resuelto porque Bolivia ya ha reconocido que hay una parte de las aguas que fluyen de manera natural”, remarcó el investigador boliviano.
Pero Chile también admitió la contrademanda. “Chile reconoció la soberanía que tiene Bolivia sobre los canales artificiales” añadió y precisó que, con ello, se admitió el derecho nacional de desmantelar el sistema de canales que están del lado del territorio nacional.
Sostuvo que, por eso, este caso se ha allanado bastante, aunque restará la parte más importante que será la confirmación de un caudal artificial. Bolivia dice que existe este caudal “sobre el cual Chile no tiene ningún derecho”.
Ahora, “está en manos de la Corte decir, sobre la base de todos los estudios que se presentaron, si hay o no ese caudal artificial. Lo más probable es que no, porque esa figura no está en el derecho internacional o sería muy revolucionario, si vale el término, que la Corte acepte el caudal artificial”. La confirmación de esta demanda dará pie al derecho del país a reclamar una compensación vía un acuerdo bilateral que podría ser autorizado por la CIJ. “Este es el punto clave, pero es poco probable”, remarcó el diplomático.
Los alegatos orales tuvieron lugar durante la primera semana de abril en La Haya, la ciudad de los Países Bajos que alberga al Palacio de la Paz, la sede de la CIJ. Allí, el equipo jurídico de Bolivia confirmó que busca una compensación de Chile por el uso de las aguas del Silala. Eso sí, esa demanda ya no fue por el 100% de esos recursos hídricos pasan la frontera, como se informó históricamente.
“El concepto de compensación por las entregas de las aguas a Chile no es algo nuevo. En el acuerdo inicial (2009), Chile convino compensar a Bolivia por cualquier agua que se extrajera del territorio de Bolivia”, puntualizó, durante los alegatos orales, el jurista y geólogo estadounidense Rodman Bundy, quien fue parte del grupo de asesores contratado para la defensa legal de Bolivia.
En el entendimiento de 2009 Chile aceptó, de manera preliminar, pagar una compensación por el 50% del agua, sin perjuicio de que el indicador llegue al 100% en función de estudios científicos compartidos. El acuerdo naufragó ese mismo año, por el rechazo de organizaciones potosinas que exigieron una remuneración por la totalidad del agua, además de una “deuda histórica” endosada desde 1908, cuando se hicieron los canales que permitieron ese “flujo mejorado” de esas aguas.
Sin acuerdos y tras el inicio del proceso internacional por la demanda marítima, Chile pidió en 2016 que la CIJ declare al Silala un “río internacional” de cauce sucesivo y que se reconozca el derecho a usar esas aguas, así como la obligación de Bolivia a preservarlas. Además, reclamó eventuales incumplimientos en los que el país pudo incurrir en el contexto de esta controversia.
Ya en el desarrollo de este proceso legal, Bolivia reconoció que la existencia de un flujo natural de agua que pasa la frontera y precisó que hay otro cauce que permite un trasvase “potencialmente mejorado” por efecto de una “sofisticada” canalización que capta el agua desde el acuífero del Silala.
El jurista reclamó, en ese marco, la necesidad de un acuerdo específico con Chile respecto al aprovechamiento de las aguas del Silala. Anticipó que Bolivia puede usar los recursos de la compensación para preservar el humedal que da vida al flujo de agua, así como la canalización. “Como dice la demanda reconvencional, este acuerdo estará sujeto a las partes”.
La defensa de Bolivia recordó en la CIJ que el agua del Silala terminó siendo entubada y distribuida a la empresa chilena del cobre Codelco. Los abogados hicieron notar que Chile nunca notificó a Bolivia sobre los cambios del uso pactado originalmente que fue la alimentación de agua a las viejas locomotoras a vapor de empresa inglesa de ferrocarriles The Antofagasta Railway Company que operaba entre ambos países.
Es “poco probable” que la CIJ emita un fallo favorable, o que cumpla el 100% de la demanda planteada por Bolivia contra Chile sobre la naturaleza de las aguas del Silala. Esta afirmación corresponde al Laboratorio de análisis de políticas, relaciones internacionales y diplomacia (Laprid), un grupo multidisciplinario que reúne a una decena de expertos bolivianos y que trabajó en el análisis y la revisión de los alegatos que trataron durante el pleito.
Gabriela Morales, una especialista en negociación internacional que forma parte de este Laboratorio, explicó a EL DEBER que el análisis contempló escenarios posibles del fallo, así como antecedentes del pleito y propuestas ante la nueva realidad bilateral que se dará tras el fallo de la CIJ.
“El concepto introducido por Bolivia sobre la ‘artificialidad de una parte del caudal de las aguas del Silala’ será más que difícil y complicada para los jueces de la Corte reconocer, pues no existe jurisprudencia sobre ello. Asimismo, en el hecho hipotético que la CIJ llegara a aceptar el concepto, correrían el riesgo de comprometer varias otras cuestiones de orden técnico-científico y jurídico, con el riesgo de perturbar el orden jurídico internacional que actualmente rige en muchos otros casos en el mundo”, señala el informe.
“Tendrán que extremar esfuerzos los jueces de la Corte para justificar, de manera específica, en base a la jurisprudencia y al derecho internacional si quieren favorecer con este argumento a Chile”, apuntó, por su lado, Raúl Ruz, director del Centro de Investigación y Desarrollo Profesional en temas de Integración, Desarrollo y Reivindicación Marítima (Cindepro). El especialista consideró que es posible que la Corte se incline en favor de instruir una negociación entre Bolivia y Chile
“Está geográfica y soberanamente demostrado el origen boliviano de estas aguas, son manantiales que han sido intervenidos con infraestructura hidráulica generando canalizaciones deliberadas para que fluya por gravedad el caudal mejorado aguas abajo, hacia territorio chileno, quienes se benefician económicamente de la comercialización y distribución de estas aguas”, dijo Ruiz.
El diplomático boliviano Sebastián Michel, quien fue parte del equipo comunicacional de la Cancillería durante los alegatos de abril conversó entonces con EL DEBER. Aseguró que, por los estudios presentados en el litigio, se trata de “aguas fósiles de unos bofedales en pleno desierto que han sido artificialmente canalizados y eso también lo reconoce Chile, aunque ellos dicen que no ha sido el Estado chileno que lo hizo”, apuntó el diplomático.
“Eso sí, estamos hablando de una cantidad de agua que siempre ha fluido de manera natural, aguas abajo y de otras aguas que han sido artificialmente canalizadas, provocando un impacto en los bofedales”, apuntó Michel.
Al respecto, Andrés Guzmán consideró que sin la CIJ falla por la contrademanda de Bolivia, es posible que se reduzca el flujo del agua entre 12% y 35% y “puede provocar un nuevo conflicto con Chile”. Los estudios del país señalan que existe un fuerte impacto, pero Chile lo minimizó. En todo caso, aún no existe una investigación binacional sobre esas aguas.
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