Entre otros, trataron lo relacionado con la cannabis medicinal; además de un análisis de la posibilidad de modificar la norma en torno al Artículo 49 de 1008.
OPINION.BO
Autoridades locales y nacionales se abren al debate en torno a la despenalización de las drogas, entre las que se incluye el uso de la cannabis para fines medicinales.
El Centro de Estudios Superiores Universitarios (CESU) de la Universidad Mayor de San simón (UMSS), el proyecto Violencias Sociales en Tiempos de Pandemia financiado por la Agencia Universitaria de la Francofonía (AUF) y la plataforma Acción Andina – Bolivia realizaron en días recientes el conversatorio “¿Hacia una descriminalización de la población consumidora de drogas? Abriendo el debate”. Se trata de organizaciones que tienen relación con la coordinación en el estudio de drogas y las diferentes alternativas de reformas.
Participaron de la actividad autoridades cochabambinas, la senadora de Comunidad Ciudadana Andrea Barrientos, el asambleísta departamental del Movimiento Al Socialismo (MAS) Sergio de la Zerda y el asambleísta departamental de Fuerza Republicana Democrática Nacional (Súmate) Pedro Badrán. El objetivo es promover un debate sobre la eficacia, utilidad y racionalidad de la criminalización del consumo de drogas, examinando diferentes alternativas de la gestión de la problemática.
Entre otros temas, se consideró lo relacionado con el uso de la cannabis medicinal.
En Bolivia, la marihuana incluso para uso medicinal está prohibida. Existen pacientes que quieren sufrir menos, familias que buscan aceite en el extranjero, médicos que prescriben y facilitan el producto desde el anonimato, colectivos que combaten ante la prohibición, autoridades que no avanzan en la regulación y un mercado subterráneo que crece cada día. Ese es el escenario en el que se desenvuelve el circuito del cannabis medicinal en Bolivia, uno de los pocos países de la región donde su uso sigue penado por la ley.
Durante el conversatorio, la senadora Barrientos expresó que trabajan en abrir el debate en torno a la despenalización del uso de la marihuana medicinal y los derechos humanos.
“El Estado tiene que tener la responsabilidad de informar, de prevenir y debatir el tema. No creo yo tener la razón absoluta ni estoy diciendo que mañana hay que despenalizar absolutamente todo. Creo que hay que empezar con la despenalización de la marihuana”, sostuvo.
Por su lado, el asambleísta Badrán, quien además impulsa la elaboración de una ley referida a la temática, hizo una comparación del manejo del tema entre la hoja de coca y la marihuana medicinal.
“En la posibilidad de la construcción de una legislación que despenalice y de alguna forma habilite el tema de la investigación, la comercialización y el acceso a la marihuana medicinal, pienso que toda la argumentación teórico conceptual que existe alrededor de la hoja de coca para defender la hoja de coca, que lo hemos hecho, calza perfectamente también con la marihuana, milenaria, múltiples culturas, con múltiples aplicaciones medicinales y lúdicas comprobadas alrededor de la historia”.
ARTÍCULO 49
Respecto al consumo y tenencia para el consumo, el artículo 49 de la Ley 1008 del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas estipula: “El dependiente y el consumidor no habitual que fuere sorprendido en posesión de sustancias controladas en cantidades mínimas que se supone son para su consumo personal inmediato, será internado en un instituto de farmacodependencia público o privado para su tratamiento hasta que se tenga convicción de su rehabilitación. La cantidad mínima para consumo personal inmediato será determinada previo dictamen de dos especialistas de un instituto de farmacodependencia público (…)”.
La representante de Acción Andina – Bolivia Gloria Achá dijo que existen incongruencias en este artículo y que esto afecta a los derechos a la salud, a la intimidad y la privacidad, a la np discriminación y al libre desarrollo de la personalidad implícitos en la Constitución Política del estado (CPE, también reconocidos en sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional.
La senadora Barrientos acotó que se debe avanzar en impulsar una acción de inconstitucionalidad respecto al artículo 49 de la Ley 1008.
“Ojalá el Tribunal Constitucional pueda avanzar en este tema de manera ágil”.
El asambleísta De la Zerda reconoció que la aplicación de justica es una falencia estructural del Estado boliviano.
“De manera personal, podría estar de acuerdo en pensar y analizar la derogatoria de la Ley 1008 en relación al artículo 49. Pero, me preocupa un poco qué es lo que venga después”, dijo, lanzando la interrogante de si será la manera de solucionar el tema que es de salud pública, en torno al consumo de drogas.
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