El Gobierno elabora un proyecto de ley que prevé duplicar los años de cárcel a los jueces corruptos, además de los otros operadores de justicia, como fiscales y trabajadoras sociales, entre otros. La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, dijo que también elabora un sistema informático para contar con un registro de las personas sentenciadas y realizar un seguimiento permanente.
La autoridad explicó que entre las debilidades que fueron identificadas por el Comité de Revisión de casos de Feminicidio y Violaciones con sentencias – equipo que comenzó a trabajar desde hace un mes- están las “fallas en las normativas”. Ante esta situación, la Asamblea Legislativa está trabajando en una propuesta de ley para modificar el artículo 173 del Código Penal y el Código Procesal Penal.
“En dicho proyecto se agrava el delito penal de prevaricato de juez o fiscal para sancionar a los malos administradores de justicia, incrementando la pena de privación de libertad -en especial- en casos de delitos de violación, feminicidio e infanticidio”, dijo la ministra.
De acuerdo con el diputado del oficialismo Juan José Jauregui, la propuesta indica que ahora las agravantes de prevaricato no sólo serán por delitos que involucren el patrimonio del Estado, sino también “la toma de decisiones arbitrarias, irracionales, alejadas de la ley e incumplimiento de la norma que cometan los jueces y fiscales”.
Jauregui dijo que propone que la pena duplique la actual sanción. Es decir que se tendrá una agravante que como pena máxima llegará a 20 años de reclusión” para los jueces y fiscales que cometan prevaricato en tipos penales, como el feminicidio, infanticidio y violación a niñas, niños y adolescentes.
En la actualidad, el artículo 173 del Código Penal -que habla sobre prevaricato- establece que la jueza o el juez que en el ejercicio de sus funciones dictare resoluciones contrarias a la ley, será sancionado con privación de libertad de cinco a 10 años.
El asambleísta aclaró que esta propuesta es de la Cámara de Diputados y que no es la misma que fue presentada por la organización social Bartolina Sisa.
El diputado Jauregui aseguró que su propuesta de ley no sólo habla de la modificación al Código Penal, sino también al artículo 93 de la Ley de Ejecución Penal, que se refiere a las medidas cautelares. Según el asambleísta, se evidenció que “hallaron algunos resquicios para favorecer a los sentenciados”.
Recordó el caso del exjuez Rafael Alcón, quien usó un mecanismo para favorecer a los sentenciados con la excusa de que tienen enfermedades terminales graves o contagiosas. “Con eso han liberado a delincuentes pese a que tenían sentencia ejecutoriada de 30 años de cárcel”, dijo.
Con una mirada similar, la senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS) Virginia Velasco explicó que otra de las propuestas de la comisión de diputados es la ampliación de la conceptualización de consorcio. “Con eso, ahora no sólo se sancionará a jueces y fiscales, sino también a médicos, psicólogos, trabajadoras sociales y secretarias, entre otros”.
La ministra Prada aseguró que la comisión identificó -como otra de las deficiencias- la ausencia de información cruzada entre distintas instancias para hacer seguimiento a los casos, por lo que se estableció convenios con diferentes instituciones del Estado, entre ellos Régimen Penitenciario y Agetic, para hacer seguimiento a esos casos.
Otra falencia es la falta de datos. “Necesitamos tener un sistema de generación de datos uniforme para dar una información transparente y oportuna”, dijo la autoridad y aseguró que para ese fin se fortalece el Observatorio de Seguridad Ciudadana, dependiente del Ministerio de Gobierno.
La ministra añadió que durante este primer mes de trabajo de la comisión, las autoridades recapturaron a 10 sentenciados por los delitos de feminicidio, violación y asesinato.
“Dos de ellos son feminicidas. Dos violadores y seis asesinos de mujeres y niños”, indicó.
Además, Prada explicó que en la actualidad son nueve los jueces procesados, cuatro aprehendidos y uno que tiene detención domiciliaria. De acuerdo con la ministra de la Presidencia, otros cinco operadores de justicia fueron detenidos, al igual que dos abogados.
FUENTE : PAGINA SIETE
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