El 26 de septiembre de 2019 YPFB hizo público el Documento Base de Contratación (DBC) para concretar la licitación pública directa destinada a la construcción de montantes para gabinetes técnicos que se usan en la instalación de gas domiciliario en el que se necesita más de un medidor.
Ya el 30 de octubre del año pasado la estatal petrolera informó que la compañía Consultora Multidisciplinaria Maltor SRL resultó ser la elegida y que por Bs 1.598.000 se hará cargo del trabajo.
Esta situación puso en alerta a las empresas que anteriormente prestaban este servicio a la estatal petrolera, algo que, a criterio de Ángel Aráoz, presidente de las Empresas Instaladoras de Gas de La Paz, afecta a unas 800 empresas que operan en la sede de Gobierno.
Aráoz sostuvo que hasta ahora las empresas asumían la instalación de los montantes sin costo para el Estado y contrataban gente especializada, sin embargo, precisó que YPFB decidió separar ese ítem y entregarlo a una sola empresa privada.
El dirigente remarcó que piden al ministro de Hidrocarburos, Iván Arias, como presidente de YPFB, que les diga cuál es el fin de haber licitado y adjudicado este trabajo que ellos realizaban.
“Queremos que se pare este proceso de privatización y se inicie una auditoría al proyecto de instalaciones domiciliarias”, manifestó Aráoz.
Otro punto que preocupa a las empresas instaladoras de gas domiciliario es que hasta el momento no se autoriza las 28.000 instalaciones que estaban pautadas para La Paz durante esta gestión, lo que está provocando el cierre de estas empresas y despidos en medio de la crisis económica por la emergencia sanitaria.
A su vez, Rolando Kobayashi, de la Asociación de Empresas Instaladoras de Gas de Santa Cruz (Adeigas), indicó que esta situación se arrastra desde el anterior Gobierno y que el problema se genera cuando se dan instalaciones múltiples que requieren más de un medidor.
Kobayashi puntualizó que en Santa Cruz están a la expectativa, pero hasta el momento no registran quejas.
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