Fuentes oficiales del Ministerio de Defensa afirmaron que la imposición de grados de militares al rango de generales a través de un decreto supremo es un “ascenso administrativo” y que no se desconoce el rol que tiene el Senado de ratificar esta acción.
“Este decreto supremo está sin perjuicio de la ratificación que tiene que realizar el Senado. Lo que se ha hecho es la entrega de bastones de mando, entrega de sables y espadas. Se está realizando un ascenso administrativo por necesidades del servicio, por una imperiosa necesidad del servicio”, explicó ayer a Página Siete el asesor jurídico del Ministerio de Defensa, Raúl López.
Ayer el ministro de Defensa, Fernando López, anunció la aprobación del decreto supremo emitido por la presidente Jeanine Añez con el cual se otorga los grados de generales y vicealmirantes a los militares a quienes les correspondía el ascenso de acuerdo a la evaluación hecha por el Tribunal Superior de Personal de las Fuerzas Armadas.
El artículo único del mencionado decreto señala: “En tanto la Cámara de Senadores de cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 8 del artículo 160 de la Constitución, se procede a la imposición de grados y entrega de bastones de mando, sables y espadas al personal militar de las Fuerzas Armadas aprobado por el Tribunal Superior de Personal (…)”.
El asesor jurídico sostuvo que esta acción es “completamente legal” ya que el Senado no asciende a ningún militar, sino que “lo único que hace es ratificar” los ascensos ya establecidos.
En esa misma línea, en contacto con este medio, el ministro de Defensa, Fernando López, manifestó que “el Senado simplemente ratifica el ascenso de las Fuerzas Armadas. No tiene ninguna incidencia en el tema de nombramientos. Toda esa parte depende del tribunal de personal y de la LOFA (Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas) que ya tienen estipulado el tema de calificaciones”.
El ministro acotó que ante la intransigencia del Senado para ratificar la lista de ascendidos “se decidió ir por esta vía para entregar los sables y bastones de mando. Esto es producto de muchos técnicos en derecho constitucionalista y tiene el respaldo legal que corresponde”.
Por otro lado, el asesor jurídico añadió que la imposición de grados permitirá “sanear” varios actos administrativos ya que, de acuerdo al reglamento interno de las FFAA, se requiere ciertos rangos de jerarquía para cumplir ciertos roles, los cuales por varios meses estuvieron ocupados con autoridades interinas.
Normas en juego
- Ratificación El artículo 160 de la Constitución señala que es responsabilidad del Senado “ratificar los ascensos, a propuesta del Órgano Ejecutivo” a los generales, almirante, vicealmirante y contralmirante de las FFAA y general de la Policía Boliviana.
- Constitución El Senado activó una acción de inconstitucionalidad contra el reglamento que permite los ascensos en las FFAA por considerarlos contrarios al artículo 250 de la Constitución.
- Observación Durante los 14 años del gobierno del MAS el Senado nunca hizo esta observación constitucional.
Polémica por una acción truncada pero aprobada por 14 años
Los ascensos a generales y vicealmirantes de las Fuerzas Armadas, es decir los más altos rangos de jerarquía en esta institución, fueron truncados de pronto por el Senado con una observación que no había sido hecha durante los últimos 14 años de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS).
El Legislativo, controlado en su mayoría por la oposición, sostuvo que no puede ratificar los ascensos debido a que éstos fueron otorgados dentro las FFAA mediante un reglamento interno y no así a través de una ley, como sostiene la Constitución Política del Estado en su artículo 250.
No obstante, el Gobierno y el Alto Mando Militar cuestionaron esta observación pues durante años los ascensos se tramitaron mediante la reglamentos internos y nunca se había señalado ninguna inconstitucionalidad en estos trámites. Es más, durante el Gobierno del MAS el Senado siempre ratificó los ascensos que el Ejecutivo envió.
“Se ve nomás que este es un aspecto político. Esta situación de la Asamblea Legislativa de no querer realizar los ascensos es política. Al final de cuentas lo ´´unico que han hecho es observar el artículo 77 del nuevo reglamento de personal creyendo que era nuevo, pero eso ya era de antes y nunca fue observado”, explicó el abogado experto en temas militares, Omar Durán.
El jurista añadió que el decreto supremo con el cual se impone los grados de generales y almirantes es legal pues respeta la función del Senado de ratificar los ascensos. “Ellos ya eran generales, sólo era una situación de mero cumplimiento el de ratificar, no se contempla que ellos rechacen. Como este tema era político pues debes buscar las salidas políticas adecuadas”.
El ministro de Defensa, Fernando López, aseguró que el Senado actúa en un afán de revancha contra las FFAA debido a que en los conflictos de noviembre de 2019, tras el fraude electoral, los militares salieron a proteger a la ciudad de los actos vandálicos protagonizados por afines al Movimiento al Socialismo.
Este medio intentó conocer la posición de representantes del Senado como la presidente Eva Copa o el presidente de la bancada del MAS, Efraín Chambi, pero no fue posible contactarse con ellos.
A través de su cuenta en Twitter el expresidente Evo Morales cuestionó el decreto supremo y aseguró que se despojó de su rol al Legislativo. “Sólo las dictaduras actúan así”.
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