Ciro Zabala, presidente de la Comisión Mixta de investigación de la adquisición de respiradores, insumos y equipos de la lucha contra el Covid-19 hecha por el Ministerio de Salud a una firma española, aseguró que las pericias iniciales establecen que el Gobierno pidió la compra de resucitadores en vez de respiradores artificiales que era lo que se requería en el país, para afrontar la pandemia del coronavirus.
“Revisamos la documentación de la Fiscalía, de la línea Boliviana de Aviación (BoA) y de la Aduana Nacional. Encontramos errores garrafales. El pedido (del Gobierno) es de resucitadores, pero todo el problema se hizo por la supuesta compra de respiradores ¿Cómo es posible que para una pandemia como el covid-19 se pida resucitadores?”, cuestionó Zabala.
Para el asambleísta, esta actuación muestra que los responsables del Gobierno que adquirieron estos equipos, estaban esperando que haya muchas personas a punto de morir, con covid-19 para tener que resucitarlos.
La denuncia de intensivistas
La información de Zabala, confirma la denuncia que realizó la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, cuando expresaron que “el ventilador Respira español, en realidad es un AMBU (resucitador-manual o bolsa-autoinflable,) automatizado que “de ninguna manera se podría utilizar en las unidades de terapia intensiva, intermedia e inclusive, para el transporte del paciente crítico”.
Es por esa razón que los intensivistas se declararon en emergencia ante las aseveraciones de las autoridades, en relación al uso de la ventilación mecánica confundiendo a la opinión pública sobre su manejo adecuado que debe ser dada por el especialista en medicina crítica y terapia intensiva.
Presunta corrupción
En mayo se desató la polémica por la adquisición de 170 de esos equipos de fabricación española que, según el Gobierno, eran respiradores que servirían para la atención de pacientes con covid-19. A días de que un primer envío llegara al país, se denunció un presunto sobreprecio.
Más tarde, la Fiscalía inició una investigación y detuvo a varias personas, entre ellos, el ministro de Salud de ese entonces, Marcelo Navajas, por supuesto sobreprecio de los equipos. Con lo que se paralizó el pago total que se debió realizar. En uno de los documentos que firmó Navajas, se establece la compra de “ventiladores pulmonares”.
En su declaración informativa, uno de los implicados que intermedió para la compra y que se lo llamó como el “testigo clave”, Fernando Humérez, reveló que él y sus socios acordaron cobrar $us 340.000 cada uno de los aparatos españoles (un total de $us 1.020.000), dinero que fue conseguido haciendo que la fábrica suba el costo de los equipos de $us 20.000 a $us 26.000, a fin de que ellos puedan cobrar su parte.
La fábrica de los ventiladores GPAInnova, publicó una declaración de su gerente, Pau Sarsanedas en twitter, en la que señala que vendió los aparatos a Bolivia, a través de un distribuidor, con un costo unitario de 6.000 euros, más 600 euros de accesorios.
Precios en Bolivia
El senador Ciro Zabala dijo que se había realizado comparaciones de resucitadores que se producen en Bolivia, a un costo “totalmente diferente a los de España”.
“Se ha ofrecido resucitadores desde $us 800 hasta $us 1.200, producción nacional. Sin embargo, los que han venido desde el exterior, con el nombre de respiradores, tenían un costo en fábrica, de 6.000 euros. Acá hay una confusión y una serie de cosas que tenemos que observar”, insistió.
Un engaño
A decir del Secretario Ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas Afines (Sirmes-La Paz), Fernando Romero, la compra de resucitadores que se iba a ser desde el Gobierno, fue un engaño a la población.
“El resucitador es un equipo que se utiliza solo para la emergencia. Por ejemplo, después de un paro respiratorio. Sirve para sostener con vida a un paciente hasta que llegue a una terapia intensiva. No necesitamos esos equipos. Fue una hábil mentira y un robo”, protestó.
La Comisión legislativa que investiga el caso prevé terminar su trabajo hasta el 27 de julio y presentar su informe final al pleno de la Asamblea Legislativa, el 20 de agosto.
ElDeber.
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