El Gobierno informó este lunes que se retomará las investigaciones por la represión registrada en septiembre de 2011 en la localidad de Chaparina. La decisión se asumió con el fin de hallar a los «directos responsables» de la vulneración de los derechos humanos.
«Vamos a retomar a todas las investigaciones y procesos que fueran necesarios contra los directos responsables de la violación de derechos humanos y principalmente de la brutal represión que hubo en Chaparina», aseguró el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Huberth Vargas, en conferencia de prensa.
Los hechos se remontan a 2011, cuando indígenas de las tierras bajas y habitantes del Tipnis protagonizaron la Gran Marcha Indígena por la defensa de su territorio y en rechazo de la construcción de una carretera en medio de la Amazonia.
El 25 de septiembre de ese año, la Policía ingresó al campamento de los indígenas, en Chaparina, y detuvo a hombres y mujeres, con sus niños. Varios de los marchistas fueron golpeados, maniatados y amordazados.
A ocho años de ese hecho, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) orgánica denunció en 2019 que aún no se identificaron a los responsables de la represión policial.
La medida se anunció luego de que el Gobierno ratificó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comunicó, el 22 de junio, la aprobación del informe de admisibilidad 113/20, que acepta la petición presentada, el 8 de mayo de 2012, por 64 comunidades indígenas del Tipnis que denunciaron al Estado boliviano por la violación a sus derechos territoriales.
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