Varias instituciones que defienden los derechos de mujeres, adolescentes y niños exigen que se excluya a los aprehendidos por feminicidio, infanticidio y violación sexual de la circular Nº 06/2020 del Tribunal Supremo de Justicia, que instruye atender las peticiones de cesación de detención preventiva durante la cuarentena, con el fin de evitar el hacinamiento en las cárceles.
En el instructivo, se recomienda el uso de plataformas virtuales para las audiencias y, en caso de no contar con internet, se pueden hacer las sesiones de forma presencial, bajo las normas de bioseguridad establecidas.
Sin embargo, según indicó la representante de la fundación Voces Libres y el Observatorio de Justicia, Mercedes Cortez, esta medida atenta contra la salud y la protección de las víctimas, ya que muchas de ellas no cuentan con acceso a internet y no pueden llegar hasta el juzgado por la lejanía de sus domicilios. Por lo tanto, las sesiones se realizarán solo con el acusado y la afectada no podrá defenderse.
“Consideramos que los delitos de violación, feminicidio, infanticidio y violencia intrafamiliar son delitos de relevancia social, no pueden ser tipificados igual que los demás delitos”, explicó Cortez.
El jueves, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, emitió un decreto presidencial de indulto de amnistía para descongestionar las cárceles. Durante conferencia de prensa, explicó que con esta medida se beneficiará a privados de libertad que tienen más de 58 años siempre y cuando no hayan cometido delitos graves como violación a niños o feminicidios.
Pero, en la circular Nº 06/2020 del Tribunal Supremo de Justicia, no especifica ese punto y se contempla todos los casos, lo que generó alarma en las víctimas e instituciones que se encargan de su defensa.
“El día lunes ya tenemos una audiencia de cesación de un caso de violación; ni siquiera nos notificaron, nos enteramos por terceras personas. Sino no me enteraba yo, no habría contraparte”, contó la jefa de SLIM Cochabamba, Jeanneth Vargas.
Inicialmente, los procesos se suspendieron debido a la cuarentena. Pero, a raíz del decreto presidencial, se retomaron las actividades. “Estas familias viven en zonas periurbanas, no pueden trasladarse. Además, se está poniendo en riesgo sus vidas cuando la pademia representa un mayor riesgo. No se puede permitir que se aproveche esta coyuntura para que, de manera irregular, se pretenda tener libertad”, aseguró Cortez.
Por su parte, Vargas también aseveró que la crisis sanitaria que se vive en el país sería empleada para dar beneficio a los detenidos y pidió que se les notifique las audiencias para poder defender a las víctimas. «Van a aprovechar este momento de la cuarentena para que muchos puedan salir de la cárcel”.
Otro aspecto que llamó la atención es que las apelaciones se deben hacer en el momento de la audiencia y, en caso de que las denunciantes no puedan asistir, la sesión se realizará de igual manera.
Estas instituciones piden al Gobierno que, a través del Tribunal Supremo de Justicia también se excluya los casos de feminicidios, infanticidios y violencia intrafamiliar, lo antes posible para resguardar la seguridad de las víctimas.
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