Horas antes de que Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, abandonara Venezuela, el pasado viernes cuatro oficiales de la Fuerza Armada Nacional y dos comisarios del Cuerpo de Investigaciones, Penales, Científicas y Criminalísticas (CICPC) fueron detenidos sin órdenes judiciales por agentes identificados por los familiares como funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). De ninguno se conoce su paradero, tampoco el motivo de sus arrestos.
Se trata de los coroneles retirados de la Aviación Miguel Castillo Cedeño y Francisco Torres Escalona; el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo; el general de brigada de la Aviación, Miguel Sisco Mora, director del Servicio Autónomo del Aeropuerto del Estado de Aragua y expresidente de la Compañía Hidrológica del Centro; y los policías José Valladares y Miguel Ibarreto. Sus familiares denunciaron las desapariciones en vídeos o testimonios escritos, que compartieron con activistas o directamente en las redes sociales. Todos indicaron que los hombres fueron capturados por personal del Sebin en distintas zonas del país.
Waleska Pérez León dijo que su esposo, el capitán Acosta, fue localizado por los agentes en una reunión en Guarenas, una ciudad cercana a Caracas. “No tuve más contacto con él después de las dos de la tarde [del viernes]. Responsabilizo al régimen por su desaparición y su integridad física”, puntualizó. María Castillo, hija del coronel retirado Castillo, divulgó un relato similar. “Tres funcionarios del Sebin entraron a la fuerza en la casa de mi abuela, en Santa Mónica [Caracas], con armas largas, encapuchados y se llevaron a mi papá (…) Hago responsable a Nicolás Maduro y a su régimen, quiero saber dónde está mi padre”, dijo con los ojos cristalinos y una voz entrecortada. Casi en simultaneo, otras grabaciones denunciaron más desapariciones. Varios grupos de activistas acusan al Gobierno de violar los derechos humanos y no cumplir con los compromisos acordados con Bachelet durante su breve estadía en el país. “Continúa el terrorismo de Estado, a pesar de las promesas realizadas a Michelle Bachelet en su visita a Venezuela”, detalló la abogada Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano.
La alta comisionada de la ONU aseguró que el mandatario se comprometió a que delegados de Naciones Unidas permanezcan en el país para brindar asesoría técnica, supervisen la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura y evalúen los obstáculos para acceder a la justicia. Maduro prometió acatar las recomendaciones con “seriedad”. Como un gesto, antes y durante la visita de la diplomática, había liberado al diputado opositor Gilber Caro después de 53 días y a otros presos políticos, tampoco había reprimido con severidad las protestas pacíficas de esos días. Pero la oposición piensa que solo disfrazó sus intenciones para ofrecer un rostro menos severo.
Para los defensores de derechos humanos estos nuevos arrestos son «desapariciones forzadas». Ningún portavoz del Gobierno informó sobre las arbitrarias detenciones. Michelle Sisco, hija del general Miguel Sisco, pidió el lunes una explicación a las autoridades sobre el paradero y las condiciones físicas de su padre. Estas detenciones se producen, además, casi dos meses después de que el pasado 30 de abril Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional reconocido como jefe de Estado interino por más de 50 países, encabezara una acción militar que acabó con la liberación de Leopoldo López de su arresto domiciliario. Desde ese día el dirigente opositor se encuentra refugiado en la residencia del embajador de España en Venezuela.
Decenas de militares y policías están detenidos o en el exilio por disentir del régimen, destacando el encarcelamiento del mayor general Miguel Rodríguez Torres, exministro de Interior y Justicia en el gobierno de Maduro, en 2018. Su padre, Jorge Rodríguez, exigió una fe de vida del prisionero hace unos días. “Hoy, 17 de junio de 2019, vengo a denunciar ante Venezuela y el mundo la desaparición forzada de mi hijo, ya que tenemos más de 50 días sin verlo, aun cuando hemos ido a los diferentes sitios de reclusión, la policía militar, y no nos dan respuesta de ninguna naturaleza”, afirmó en una grabación.
Los informes de organismos internacionales confirman muchos detenidos son torturados. En marzo, un exteniente de la Aviación entregó vídeos -grabados por él clandestinamente en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, en Caracas- a la OEA como evidencia de los tratos crueles e inhumanos contra prisioneros. Las imágenes mostraron al capitán Juan Caguaripano, detenido por alzarse contra Maduro en 2017, y al coronel del Ejército Jhonny Mejías Laya –maniatado y vendado–, entre otros militares.
Fuente: elpais.com
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