El presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Vega, comprometió tratar en el pleno del jueves la propuesta de Ley de redistribución de Regalías Departamentales – más conocida como Ley del 45% – a pesar de las contradicciones legales; sin embargo, el compromiso no ha servido para que los cívicos de Entre Ríos, Bermejo y Padcaya hagan una pausa en sus movilizaciones. Los tres entes han convocado paro cívico de 48 horas para jueves y viernes, en lo que parece un procedimiento acelerado para llegar al paro indefinido.
El momento coincide con una circunstancia coyuntural inmediata: las negociaciones en la Asamblea Departamental para conformar una nueva Directiva que suceda a la actual, que en un año no ha logrado destrabar el tema ni en un sentido ni en otro, y sobre todo, con el empeño de ingresar en la Reserva de Flora y Fauna de Tariquía para realizar la exploración hidrocarburífera en los pozos Domo Oso X1 y X2, ya contratada a Petrobras.
Contexto
El origen de la Ley de Redistribución se sitúa en los problemas financieros de los tres municipios luego de la gestión de Lino Condori al frente de la Gobernación, en la que se comprometieron numerosas obras que posteriormente no pudieron ser enfrentadas por la caída del petróleo en 2014-2016, que repercutió en las regalías.
Los promotores, que son municipios productores de hidrocarburos, elevaron el pedido de modificación de la Ley 3038 a la Asamblea Plurinacional de Bolivia. Esa Ley de 2005 blinda un pacto Fiscal Departamental alcanzado ya en los años 90 por la que el 45 por ciento de las regalías del departamento se llevan al Chaco, entonces una de las provincias más deprimidas del país pese a sus grandes riquezas.
El argumento central de los promotores de la Ley era que el 45% de la regalía sobre la producción de su municipio se quede en el municipio. Posteriormente se han incorporado mecanismos de ajuste para contentar a las provincias no productoras. Pese a que la regalía departamental está constitucionalizada y que la Ley 3038 es nacional, la Asamblea Plurinacional decidió remitir el asunto al departamento, cuya Asamblea nunca podría modificar una Ley Nacional.
El Chaco reivindica el pacto Estatutario
Desde la región del Chaco no ha habido reacciones oficiales, pero diferentes fuentes indican que el asunto se ha vuelto recurrente y que sería preciso que se cerrara de una vez para evitar la confrontación permanente. Mario Cavero, concejal de Yacuiba, indicó que la respuesta ahora será jurídica y no política, puesto que el pacto del 45% es un acuerdo departamental y recogido en los Estatutos y normas que no se pueden violentar.
El presidente Evo Morales, durante las efemérides departamentales de 2018, firmó los contratos para la exploración en Tariquía en Bermejo, donde mandó callar a quienes reclamaban ya entonces la modificación de la Ley. Después añadió que era un tema departamental que se debía solucionar. Desde la Gobernación se ha señalado que lo preciso es hacer un pacto fiscal, continuidad del pacto fiscal nacional, para la distribución de regalías en función de parámetros claros; con todo, los promotores han insistido en la Ley a pesar de las fricciones que ha generado en el MAS, ya que la mayoría de autoridades tanto de los promotores como de los perjudicados, responden al partido azul.
El empeño de Tariquía
La Reserva Nacional de Tariquía atraviesa precisamente los municipios de Padcaya y Entre Ríos e ingresa ligeramente en Bermejo y Caraparí. Las áreas petroleras sobre su trazado: Churumas y Astilleros en manos de YPFB, un porcentaje de Huacareta en manos de Shell y sobre todo, San Telmo Norte, que recorre de sur a norte el corazón de la Reserva, han generado rechazo.
En la actualidad se mantiene un bloqueo antes de Chiquiacá Norte, donde se tienen identificados los pozos a perforar. Los comunarios rechazan una consulta previa realizada, de acuerdo a declaraciones, sin las garantías suficientes. Entre otros asuntos, los documentos supuestamente firmados no tienen ni lista, ni cédula y además, el Tribunal Departamental Electoral no acompañó el procedimiento, pero se insiste en que 70 personas dieron el visto bueno. En la Reserva viven más de 1.200 familias que reclaman ser consultadas.
ElPaís
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