La exministra de Comunicación, Marianela Paco, considera que no había necesidad de contratar una firma extranjera para que diseñe productos digitales destinados a redes sociales, dado que el Ministerio de Comunicación cuenta con una Dirección de Redes Sociales, que tiene un presupuesto asignado.
“Existe una dirección, se ha incorporado para que trabaje en redes sociales… (En mi gestión) era una nueva implementación y no hemos contratado a externos”, afirmó la exministra Paco, quien sostuvo que durante su mandato “el objetivo era promover jóvenes bolivianos”.
La Dirección General de Redes Sociales fue creada durante la gestión de Paco, el 14 de abril de 2016 por Decreto Supremo 2731. Su tarea es la de “desarrollar estrategias de difusión, consulta e interacción del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia con las cibercomunidades”.
La decisión de establecer esa dirección se tomó después de la derrota que sufrió el Gobierno en el referendo del 21 de febrero de 2016. Entonces, el Ejecutivo culpó a las redes por la incidencia del caso Zapata.
Paco indicó que bajo su mandato, la Dirección de Redes cosechó éxitos, pues -sostuvo- logró desmontar la campaña negativa sobre la crisis de agua que sufrieron algunas zonas de La Paz.
Consultada sobre Neurona, la exministra dijo no conocer a la empresa. “Desconozco el nivel de trabajo que hayan logrado después de que me fui, por lo menos antes de dejar el ministerio hemos batido récord, incluso en desmontar todas las mentiras y la campaña por la crisis de agua que tuvimos. Ahí hemos logrado que el ciudadano sepa qué debía hacer o cuál era el orden”, explicó la exautoridad.
Página Siete intentó comunicarse con la exministra Amanda Dávila para conocer su postura sobre la contratación de Neurona, pero no se tuvo éxito.
La declaración de Paco se da en medio de la polémica por la contratación de la empresa mexicana Neurona, que se adjudicó contratos por más de 10 millones de bolivianos.
Tres contratos fueron para elaborar productos digitales de la campaña marítima; y uno se suscribió para la “prestación de servicios en comunicación estratégica en plataformas digitales y redes sociales a través de la producción de piezas comunicacionales”, según un reportaje que publicó Página Siete.
El miércoles, el ministro de Comunicación, Manuel Canelas, reveló que Neurona recibió 12,4 millones de bolivianos por ocho contratos.
En criterio del senador Óscar Ortiz, de Unidad Demócrata (UD), no era necesario contratar a una firma extranjera, porque “el Ministerio de Comunicación tiene una dirección con millones de bolivianos, además existen Unidades de Redes Sociales en todos los ministerios”.
El legislador mencionó que tampoco había la necesidad de que el Gobierno contrate a una empresa sin experiencia y especialización.
Similar opinión manifestó la exmagistrada Silvia Salame, quien dijo: “cuando el servicio lo puede cumplir una empresa local no hay necesidad de recurrir a empresas extranjeras”.
De acuerdo al Registro Público de Comercio de México, Neurona se constituyó en 2017 con un capital de poco más de 5.000 dólares. Un año después (2018) fue contratada por el Ministerio de Comunicación, entonces dirigido por Gisela López.
Auditoría a ocho contratos
El miércoles, el ministro de Comunicación, Manuel Canelas, reiteró que solicitó a la Contraloría realizar una auditoría a los ocho contratos que el Estado suscribió con la firma mexicana, para evitar “sospechas” y “susceptibilidad”.
“Nosotros ya enviamos a la Contraloría la solicitud de que haga las auditorías de todos estos contratos, y ya recibió. Queda en manos de la Contraloría. Esos son los montos (12,4 millones de bolivianos), las ocho relaciones por servicios y contratos que ha tenido la empresa Neurona”, remarcó esa jornada Canelas.
El diputado de Unidad Demócrata (UD) Gonzalo Barrientos indicó que se debe identificar a los responsables de la suscripción de esos contratos, y que no basta la solicitud de una auditoría, sino que el ministro Canelas debe presentar una denuncia ante el Ministerio Público.
“Debería identificarse en este caso quiénes son los responsables”, señaló. En cambio, su colega oficialista, Edgar Montaño, sostuvo lo siguiente: “Se debe esperar resultados de la auditoría”.
Página Siete
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