El informe de la Comisión Mixta que investigó el proceso de privatización y capitalización concluyó que 55 personas formaron parte de la supuesta “red de enajenación de las empresas y bienes del Estado”.
En la lista figuran los candidatos a la presidencia Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana; Víctor Hugo Cárdenas, de UCS, y Jaime Paz Zamora, del PDC. Además, en la nómina está el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina.
Consultado al respecto, Cárdenas sostuvo que el informe de la comisión “es para atacar a la oposición en plena campaña electoral”, debido a que “es un informe parcializado y su objetivo es beneficiar políticamente a Evo Morales y Álvaro García Linera, porque son candidatos del MAS”. El postulante agregó que todo funcionario debe rendir cuentas, pero ante tribunales imparciales, no en comisiones político-partidarias.
Mesa no emitió ningún criterio. Sus allegados pidieron disculpas y comunicaron que el candidato estaba en una reunión.
Entre otros presuntos miembros de la red, de acuerdo al reporte, también están los extintos mandatarios Víctor Paz Estenssoro, Hugo Banzer Suárez y Luis Ossio Sanjinéz. (Ver detalles en la infografía)
De acuerdo al documento al que accedió Página Siete, los “55 individuos” estaban articulados entre sí por vínculos políticos, relaciones empresariales y lazos de parentesco. De esa forma -refiere el reporte- conformaron la “red de enajenación”, la cual estaba compuesta por tres subredes.
“La primera subred tiene como actor central a Gonzalo Sánchez de Lozada, presidente de la República (1993-1997 y 2002-2003) y accionista mayoritario de la Compañía Minera del Sur (Comsur). La segunda subred identificada está articulada en torno a Samuel Doria Medina Auza (MIR), ministro de Planeamiento y Coordinación (1991-1993) y accionista mayoritario de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce)”, se lee en el informe.
Al respecto, Doria Medina afirmó que no tiene nada que ver con la capitalización de las empresas estatales estratégicas y que en su momento se opuso.
El político agregó que con su acción, “en los años 90, cumplimos el propósito de la Corporación Boliviana de Fomento, que era industrializar el país creando empresas desde el Estado para luego pasarlas al sector privado. Lo hicimos amparados en una ley específica y para salvar la débil recuperación económica que se vivía entonces”.
La tercera subred -según el informe- “se articula en torno (al extinto) Raúl Garáfulic Gutiérrez (ADN), embajador de Bolivia en España (1989-1992), propietario de varios medios de comunicación y presidente del directorio de la AFP Previsión”.
El presidente de la comisión investigadora, el senador Rubén Medinaceli (MAS), señaló que de acuerdo a las pesquisas se identificó un daño económico al Estado superior a los 21.000 millones de dólares en los gobiernos que detentaron el poder entre 1985 y 2005.
El legislador explicó que hoy en la sesión del Legislativo se definirá qué se hará en cada caso, con la posibilidad de que podría remitirse cada cual al Ministerio Público, bajo la presunción de que incurrieron en varios delitos, como incumplimiento de deberes o daño económico.
PAGINA SIETE
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